Brasil reanuda política de salud mental desechada hace casi dos décadas

Una nota técnica publicada por el Ministerio de Salud generó alarma en las entidades brasileñas que trabajan el tema de las políticas para la salud mental. El texto habla de “cambios en la Política Nacional de Salud Mental y en la Política Nacional sobre Drogas” que apuntan a aceptar nuevamente las terapias con internaciones en manicomios…

Brasil reanuda política de salud mental desechada hace casi dos décadas

Una nota técnica publicada por el Ministerio de Salud generó alarma en las entidades brasileñas que trabajan el tema de las políticas para la salud mental. El texto habla de “cambios en la Política Nacional de Salud Mental y en la Política Nacional sobre Drogas” que apuntan a aceptar nuevamente las terapias con internaciones en manicomios – incluso para casos de pacientes menores de edad – y el uso de electroshocks.

La nota
técnica fue redactada por la Oficina General de Salud Mental, Alcohol y Otras Drogas, y aclara que las
internaciones ya habían sido aceptadas nuevamente en 2017. La medida también
tiene que ver con un nuevo corte presupuestario a los Centros de Atención Psico
Social (CAPS), que ofrecen un tratamiento más humanizado para casos de
trastornos mentales y dependencia química. Los ajustes a las políticas de salud
mental han sido constantes en Brasil desde el primer año del gobierno de Michel
Temer (2016-2018).

Además, el
nuevo documento del Ministerio de Salud en favor de las internaciones y
permitiendo el uso de electroshocks favorece a las llamadas comunidades
terapéuticas, muchas
de las cuales están vinculadas a instituciones religiosas que tratan casos de
dependientes químicos y otros.

En esos otros
se incluyen casos de adultos, adolescentes e incluso niños homosexuales, como
denuncian algunas organizaciones por los derechos LGBTI. Esos grupos temen que
los electroshocks podrían usarse también para tratamientos de “cura gay”,
ofrecido por algunas de esas comunidades. Con la nueva norma técnica, es
posible incluso autorizar la inversión pública en máquinas de electroshock para
el Sistema Único de Salud (SUS, que es gratuito y universal).