Después de 27 años de trámite, confirman la condenas por asociación ilícita en la mafia del oro

Lo hizo la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Son cinco empresarios y un exfuncionario. Pero también declaró la prescripción por administración fraudulenta. Luego de 27 años de apelaciones, recursos, chicanas y retrasos inexplicables aún con todos esas herramientas procesales, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes las condenas a los…

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Lo hizo la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Son cinco empresarios y un exfuncionario. Pero también declaró la prescripción por administración fraudulenta.

Luego de 27 años de apelaciones, recursos, chicanas y retrasos inexplicables aún con todos esas herramientas procesales, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes las condenas a los exfuncionarios y empresarios acusados por el famoso caso de la “mafia del oro”.

Con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, la Sala IV del máximo tribunal penal confirmó las condenas de los imputados por asociación ilícita. En cambio, la mayoría constituida por los jueces Carbajo y Mariano Borinsky declaró la prescripción del delito de administración fraudulenta y sobreseyó a los acusados por ese delito.

Aunque el escándalo había estallado en 1995 y el expediente comenzó en ese momento, el juicio oral del caso se realizó recién en 2016. El Tribunal Oral Federal 4 condenó a siete personas por haber montado una estructura empresarial para defraudar al Estado nacional que entre noviembre de 1993 y febrero de 1995 tuvo como objetivo beneficiarse fraudulentamente con reintegros del IVA a exportaciones sobrevaluadas de objetos de oro y otros metales no preciosos.

Esas operaciones de comercio exterior eran materializadas por las sociedades Casa Piana y Gemmodesign, con destino a los Estados Unidos.

Concretamente de condenó a penas de 3 años de prisión y multa por el delito de asociación ilícita a Carlos Augspach – presidente de Refinerías Riojanas y de la firma extranjera Handy y Harman-, Guillermo Jorge Campbell -ex secretario de Relaciones Exteriores y Culto y luego de Relaciones Económicas, y asesor de Casa Piana-, Mario Jorge Grinschpun -socio y gerente de Express SRL despachante de Aduana-, Edgardo Enrique Roggenbau -presidente de Casa Eise- y Luis Eduardo Riccigliano -socio gerente de la firma Rodhio SRL-, los dos últimos en concurso real con defraudación a la administración pública-.

Marcelo De Laurentis -presidente de Dallas Instrumentos- y Alberto Giusti -presidente y accionista de Tecnometal y accionista de Romaer- fueron condenados a dos años por su participación necesaria en el delito de defraudación a la administración pública.

Los principales directivos de Casa Piana, Enrique Piana y Miguel Seligman, habían sido condenados por el mismo tribunal en febrero de 2014 a una pena de seis y 3 años de prisión respectivamente.

Las defensas de los condenados recurrieron la sentencia ante la Casación Federal, en donde intervino la Sala IV con los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, que confirmaron las condenas por administración fraudulenta y asociación ilícita.

Las defensas habían planteado que la causa se encontraba prescripta. Alegaban que había transcurrido el plazo que la ley otorga para el juzgamiento del delito de defraudación. Respecto de la asociación ilícita refirieron que, si bien no había transcurrido el término de la prescripción, era irrazonable el plazo en el que había sido juzgada.

La sala IV, por unanimidad, rechazó que se hubiera vulnerado el plazo razonable para el juzgamiento del delito de asociación ilícita, y por mayoría de los jueces Hornos y Gemignani se descartó que hubiera prescripto el delito de defraudación a la administración público.

Un nuevo enfoque: la corrupción no prescribe



Tanto para Hornos como para Gemignani, los negociados de la mafia del oro eran graves hechos de corrupción que resultan imprescriptibles. Esa interpretación fue abriéndose camino en la justicia federal en los últimos años, luego de la reforma constitucional de 1994 y de la posterior proliferación de causas por corrupción por montos millonarios.

Las defensas de los condenados presentaron un recurso extraordinario federal, para que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los pasos obligatorios en ese trámite es escuchar la voz del Procurador General de la Nación. Sorprendentemente, Eduardo Casal solicitó que se dejara sin efecto la condena.

A criterio del procurador interino, entre los votos de los jueces Hornos y Gemignani no habría una mayoría argumental cuando resolvieron que resultan imprescriptibles los graves delitos de corrupción, ya que Hornos invoca el artículo 36 de la Constitución Nacional y Gemignani las obligaciones asumidas por el Estado Argentino a través de la firma de diversos tratados internacionales.

El requerimiento de identidad entre los votos, a criterio de Casal, invalidaba el argumento en base al cual la Casación había rechazado que el delito de administración fraudulenta estuviera prescripto. Respecto de la condena por asociación ilícita, la prescripción no había sido reclamada.

Pero en su dictamen, el procurador pidió a la Corte la anulación de todas las condenas, incluso de aquellos que solo estaban condenados por asociación ilícita.

En ese marco, la Casación debía dictar un nuevo fallo, que fue firmado este viernes. Los jueces Carbajo y Hornos confirmaron la condena por asociación ilícita, descartando que se hubiera vencido el plazo razonable para el juzgamiento del delito. El juez Borinsky votó en disidencia.

En su voto, Hornos expuso de acuerdo a la Constitución –3º párrafo del artículo 36- los graves actos de corrupción constituyen atentados contra el orden democrático, y que por lo tanto resultan imprescriptibles.

El camarista refirió que con esta interpretación la Constitución reconoce la realidad de este tiempo, en el que la corrupción atenta contra la República y sus instituciones (artículo 36, quinto párrafo); como en el siglo pasado fueron considerados los golpes de Estado (artículo 36, primer y tercer párrafo), y en el anterior la adjudicación de la suma del poder público (artículo 29 de la Constitución).

Para Hornos, no es posible tener “una percepción ingenua” de la real dimensión que tienen los graves hechos de corrupción cometidos contra el Estado.

Ya en en la causa “Alsogaray”, del año 2005, expresamente y de manera primaria, el juez Hornos resaltó que la interpretación sostenida guarda coherencia con el artículo 36 de la Constitución, que evidencia como meta fundamental del Estado de Derecho la lucha contra la corrupción de y contra la administración pública.