La puja electoral en Mendoza, donde el 24 de septiembre se elige al sucesor del gobernador Rodolfo Suárez, tuvo un capítulo judicial este miércoles, con graves acusaciones sobre supuesta «manipulación de la justicia» y cooptación de distintos organismos de control provinciales.
El frente Unión Mendocina, que lleva como candidato al ex titular del PRO local Omar de Marchi, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción 39 en contra del senador nacional y candidato a Gobernador por el frente Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo; los miembros del Consejo de la Magistratura de la provincia María José Hernández, Andrea Maturana, Marcelo D’ Agostino; y el Director de la Dirección de Personas Jurídicas Sebastián Soneira. A todos les los acusa por el delito de tráfico de influencias pasivo y agravado.
Clarín había anticipado las acusaciones hace un mes, cuando aún se mantenían en el plano de solicitadas públicas y declaraciones mediáticas. Pero esta semana ese ruido electoral llegó a los tribunales, y se difundió una serie de audios de supuestas conversaciones y chats en los que los denunciados «acomodan a los aspirantes a magistrados y manipulan puntajes de acuerdo a favores e influencias».
Los audios, algunos de los cuales reproduce Clarín, revelarían conversaciones entre integrantes del Colegio de Abogados y miembros del Consejo de la Magistratura.
Según la presentación de la denuncia, «la Unión Mendocina ha tomado conocimiento del grave delito que se estaría consumando en el Consejo de la Magistratura de Mendoza, que es el cuerpo que selecciona jueces y fiscales, y queda al descubierto la manipulación de la que es objeto por parte del poder político enquistado en Mendoza hace ocho años».
En base a eso le solicitan al gobernador Suarez que destituya al subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, y al director de Personas Jurídicas, Sebastián Soneira.
Pero las acusaciones no apuntan sólo contra los funcionarios mendocinos. La agrupación que conduce De Marchi también pide al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, que le exija a Teresa Day, Presidenta del Consejo de la Magistratura, «que en el término de 48 horas informe qué medidas ha adoptado ante los gravísimos hechos denunciados«.
El Consejo entra en el juego por otra denuncia penal previa, realizada en agosto por el abogado Leonardo Pasccon, exmiembro de la Federación de Colegio de Abogados de Mendoza y exmiembro de la Comisión Asesora y Evaluadoras para aspirantes a la Justicia Penal del Consejo de la Magistratura de Mendoza.
Pasccon acusó a Sebastián Soneira, y Andrea Maturana, Presidenta del Colegio de Abogados de Mendoza, por coacciones y falsedad ideológica, «debido a las acciones que sufrí en mi calidad de miembro de la Comisión Asesora del Consejo de la Magistratura de Mendoza.»
«En la denuncia, presentada por escrito, como en mi declaración testimonial, relaté detalladamente cómo ambas personas manipulan al Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza y presionan a los miembros de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza, además de amedrentar a quienes evaluamos a los aspirantes a la magistratura provincial.»
El texto enumera supuestos hechos y pruebas, y afirma que «para ejecutar estos delitos de máxima gravedad Institucional, el doctor Sebastián Soneira se presenta como un operador judicial que responde al Subsecretario de Justicia, Marcelo D ́Agostino, quien no estaría al tanto de esta situación».
Según el abogado Pasccon, el objetivo es de Soneira es «congraciarse con el poder político, para lograr su nombramiento como Fiscal Civil, para luego ser designado Procurador Adjunto del Ministerio Público Fiscal.
Los firmantes de la solicitada que difundió la denuncia revelan el mosaico de fuerzas que se desgajaron de la versión mendocina de Juntos por el Cambio, cuyo sello quedó en manos del radical Cornejo.
A De Marchi lo acompañan Marcos Quatrini y Gustavo Gutierrez (Coalición Cívica), Armando Magistretti (Partido Demócrata), Jorge Difonso (Unión Popular),José Caviglia (Partido Libertario), Flavia Manoni (Compromiso Federal), Álvaro Martínez (PRO), Ariel Pringles (presidente de la Confederación de Trabajadores Judiciales de Latinoamérica), Daniel Diserio (Partido de las Ciudades), Jorge Palero (UCR Futuro), Hugo Laricchia (Mendoexit) y Edgardo Civit Evans (Partido de los Jubilados).