El debate sobre la Educación en la Argentina es permanente y adquiere diferentes características de acuerdo a los tiempos. Hoy, resurge una discusión que parecía estar saldada: la obligatoriedad de la enseñanza y la privatización del sistema. Avances que nuestro país definió hace más de 145 años con la Ley 1420, que estableció la obligatoriedad de la escuela primaria, o hace más de 70 años en el caso de la gratuidad universitaria.
Es un orgullo que desde el 8 de julio de 1884 la educación primaria y, desde 2006, la secundaria, sean obligatorias. Creemos que la única forma de construir la libertad individual y colectiva es con educación.
Y la obligatoriedad pone la responsabilidad fundamental en el Estado, la familia, los docentes, las escuelas y la sociedad en su conjunto. Ese es un gran valor que tiene nuestro sistema educativo. Un buen sistema al que hay que mejorar, que garantiza que todas las y los argentinos puedan ir desde los 3 años hasta su egreso en la Universidad sin tener que pagar arancel alguno. Un derecho garantizado por nuestra Constitución y que ha determinado logros importantes.
En estos 40 años de democracia hemos tenido avances sustanciales en materia de inclusión y de cantidad de alumnos en todos los niveles. En los 80 sólo 4 de cada 10 jóvenes ingresaban al secundario y hoy más del 94%. Multiplicamos por 7 la cantidad de estudiantes en nuestras universidades y pasamos de 350 mil en 1983 a 2,5 millones en la actualidad, de los cuales el 81% va a la universidad pública.
Hoy tenemos una demanda social que conocemos que es la de mejorar la calidad del aprendizaje y modernizar los contenidos, fundamentalmente en la secundaria. Y esto se hace con más horas de clase, más días, más años y con nuestros docentes y estudiantes todos los días en la escuela.
Debemos lograr que aprendan lo que nos comprometimos que tienen que aprender y ese es el compromiso que tenemos que asumir.
Después de la pandemia hicimos un gran acuerdo nacional para que todas las chicas y los chicos que se habían desvinculado vuelvan a la escuela. Y lo logramos. Ahora tenemos que ser parte de un segundo acuerdo. Que el financiamiento educativo sea continuo y suficiente para defender la educación pública y garantizar su calidad.
Por eso planteamos aumentar del 6 al 8% del PBI la inversión en educación. Para hacer frente a los cambios que nos exige el sistema. Es un proyecto de Ley que enviamos al Congreso y esperamos que tenga el respaldo de los legisladores que quieren mas educación para el desarrollo del pueblo.
Acercar la secundaria al mundo del trabajo nos pone ante un gran desafío: configurar un sistema educativo de y para este tiempo, que genere interés en los jóvenes. Trabajo y educación son los ordenadores de la sociedad y tienen que estar en el centro de nuestras discusiones, para poder construir una sociedad más integrada, justa y federal. Es nuestro compromiso.