El Gobierno ratificó la decisión de que en el país se puedan pactar contratos en criptomonedas y estima que los argentinos ya tienen más de US$100.000 millones en dinero digital. En el dato coincide la cantidad cada vez mayor de consultoras especializadas en criptoactivos.
El DNU firmado por el presidente Javier Milei ya habilitó firmar contratos en cualquier moneda. Esa posibilidad no sólo permite cobrar y pagar en dólares, sino también en criptomonedas. Pero, para hacerlo, esos activos digitales deben estar previamente declarados ante la AFIP. Y aquí aparece un gran problema, porque la mayoría de los criptoactivos no están registrados en el país.
Miles de profesionales que brindan servicios al exterior -la mayoría vinculado al mundo de la programación y la informática- se encuentran en esa zona gris. Según expertos de consultoras de opinión pública, muchos de esos profesionales votaron a Milei.
Hay profesionales que reciben pagos en plataformas donde el dinero no está declarado ante la AFIP, a través de cuentas abiertas en compañías como Payoneer Global Inc -una empresa estadounidense de servicios financieros que ofrece transferencias de dinero en línea y de pago digital-, que por estos días está en las portadas informativas por el enorme fraude realizado a muchos de sus clientes argentinos y de otros países por parte de presuntos hackers.
Para poder usar esas criptomonedas, deben estar declaradas, pagar Bienes Personales, declarar la compraventa y los resultados y pagar impuestos a las Ganancias. Es lo que busca el gobierno de Milei, porque representaría un enorme ingreso fiscal.
Pablo Reyes, CEO de la billetera cripo SaldoAr, advirtió que «quienes quieran disfrutar de los beneficios» que traen las criptomonedas “tendrán que ampliar su responsabilidad en dar claridad sobre un sector que se ha caracterizado por su informalidad”. En esa línea, estimó “que en Argentina hay más de u$s 100.000 millones en cripto sin tributar”.
La canciller Diana Mondino dijo que los argentinos ya pueden suscribir contratos en criptomonedas. Para Manuel Beaudroit, CEO de la aplicación Belo, “habilitar firmar contratos en otras monedas da más certeza, flexibilidad y apertura”.
La medida del Gobierno fue un fuerte espaldarazo para esos activos digitales. Pero se debe tener en cuenta que antes de pagar un sueldo o abonar un servicio en cripto, el origen de los fondos debe estar justificado.
“La criptomoneda es un bien más que hay en la economía y está reconocido en las leyes impositivas. Ganancias trata en la segunda categoría a la renta que dé la criptomoneda. Incluso hay un dictamen del 2022 de la AFIP que sostiene que el tratamiento que hay que darle a la criptomoneda en bienes personales es como un instrumento financiero. Las personas tienen la obligación de declararla”, advirtió Félix Rolando, tributarista y socio de la consultora Andersen.
Otro tema a tener en cuenta es que las normativas internacionales de blanqueo de capitales toman en cuenta a las criptomonedas, al punto de que diversas agencias nacionales, continentales y mundiales pueden requerir a las plataformas y los exchanges cripto el cumplimiento de ciertos estándares para la prevención de delitos. Estas normas requieren recopilar información sobre remitentes y destinatarios de transacciones cripto, así como de los titulares de las wallets o monederos de criptomonedas.
Si la criptomoneda no está declarada ante la AFIP y el sujeto pasivo del impuesto no pagó Ganancias sobre el resultado impositivo por la venta, ni tampoco el impuesto sobre los Bienes Personales sobre su tenencia al 31 de diciembre de cada año, aparecen dos alternativas ante el intento de firmar un contrato.
– Una es ingresar al blanqueo propuesto por el Gobierno en la Ley Ómnibus, iniciativa que aún no fue aprobada ni reglamentada, y declarar las criptomonedas antes de firmar un contrato cripto.
– Si, en cambio, se concreta un contrato en moneda digital no declarada, también podría declararse el bien adquirido en el blanqueo.
Cualquiera sea el caso, falta al menos que el proyecto de blanqueo (Régimen de Regularización de Activos) se convierta en ley y la posterior reglamentación de la misma.