Alberto Fernández se encuentra inhibido, se ordenó el levantamiento fiscal y bancario sobre sus cuentas, sus líneas telefónicas son parte de un entrecruzamiento de llamados, su patrimonio está siendo analizado por la PROCELAC, pero pese a todas las medidas cautelares y patrimoniales, nunca se presentó en la causa. Este jueves el juez Julián Ercolini le pidió que designe abogado.
La causa que inició con la revelación de Clarín sobre los contratos que Nación Seguros SA firmó con ANSES utilizando intermediarios, se convirtió en un gran rompecabezas. Se sumaron 45 contratos de diversos organismos del Estado, la intervención de 25 brokers, y una cifra de 3.453.302.777 pesos que al tipo de cambio del momento, representan 17 millones de dólares en concepto de comisiones erogadas de fondos públicos.
El ex presidente Alberto Fernández cuenta con dos imputaciones en esta investigación. La carátula detalla los presuntos delitos que habría cometido: abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, incumplimiento de los deberes y malversación de causale públicos.
Pese a las acusaciones que el Ministerio Público Fiscal le adjudicó, bajo el grado de sospecha, el ex presidente de la Nación nunca se presentó en el expediente. Ni siquiera, cuando se ordenó una inhibición general de bienes sobre él, apeló la decisión.
La observación la realizó la Cámara Federal de Apelaciones cuando otros imputados apelaron la medida cautelar dictada por el juez Ercolini. En función de esta situación, el magistrado envió un oficio para que la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina, notifique a Fernández de las medidas dispuestas y se le pidió que designe abogado defensor.
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