Desde su temprana incursión en la política económica hasta su actual arribo como gobernador en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof logró posicionarse como una figura central dentro del peronismo y kirchnerismo. Sin embargo, eso no quita sus múltiples pasos en falso que, para otros, lograron ubicarlo como uno de los peores funcionarios públicos del país. ¿A qué se debe tal apreciación? Principalmente, a que el saldo de su administración es completamente desalentador, estimándose que sus decisiones generaron pérdidas de más de 40 mil millones de dólares para Argentina.
Expropiación de YPF: el rol de Axel Kicillof en una era de control estatal
Tal vez uno de los movimientos más recordados de Kicillof es el de 2012 cuando, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, avanzó con la expropiación del 51% de YPF, una decisión que defendió fervientemente. La justificación del entonces viceministro de Economía fue clara: retomar el control de un recurso estratégico para garantizar la soberanía energética y revertir el declive de producción que había experimentado la empresa bajo la gestión de Repsol.
No obstante, los resultados no fueron los que se estimaban. La decisión generó una compensación de —aproximadamente— 5 mil millones de dólares a la firma española, un costo significativo para el Estado nacional. Además, que, a pesar de la estatización, no se logró revertir la caída en la producción de hidrocarburos y que la inversión en infraestructura energética no aumentó lo suficiente para garantizar el abastecimiento interno. Esto generó una dependencia creciente de la importación de energía, un factor que agravó el déficit en la balanza de pagos.
Además, en los últimos meses, se dio con una condena que representa otro desembolso millonario de las arcas estatales por esta expropiación trunca de Kicillof que representa uno 16.100 millones de dólares que deben pagarse prontamente.
Cepo cambiario y control de capitales
Después, al asumir como ministro de Economía y en un contexto marcado por un incremento en la salida de divisas, Kicillof introdujo el control cambiario, una política que afirmó que sería necesaria para frenar la «fuga de dólares». Pero, el cepo cambiario —la restricción extrema en el acceso a dólares— tuvo los efectos contrarios a los que esperaba. La medida no solo limitó la entrada de capitales, sino que generó un mercado paralelo donde el dólar se comercializaba a precios muy superiores al oficial.
Esta medida, que sería negada por el propio Kicillof y la entonces presidente Fernández de Kirchner, aumentó la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo (o blue), lo que afectó gravemente la competitividad de las exportaciones nacionales. También, desincentivó la inversión extranjera porque la alta volatilidad no era conveniente, generando así un círculo de incertidumbre económica y profundizando la recesión; lo que, a su vez, volcó en la aceleración del dólar informal y agravar los problemas estructurales de la economía.
Default selectivo y fondos buitre
Otro de los episodios cuestionados que tuvo la gestión de Kicillof como ministro de Economía fue la negociación con los acreedores conocidos como «fondos buitres», inversores que no aceptaron los términos de las reestructuraciones de deuda del 2005 y 2010. La posición de Kicillof fue inflexible: se negó a ceder ante las demandas de los fondos y calificó su reclamo como un intento de extorsión, generando una obligación de 12.627 millones de dólares. Esta actitud llevó a que Argentina cayera en un «default selectivo» en 2014, situación que dejó al país fuera del mercado internacional de capitales.
Este conflicto tuvo consecuencias profundas que generarían una gran desestabilización económica para el Estado teniendo en cuenta que el país necesitaba financiamiento externo para sostener el gasto público; entonces la falta de acceso a capitales internacionales restringió las opciones del país y aumentó la presión sobre las reservas. Con el tiempo, el default parcial aumentó la percepción de riesgo y generó una incertidumbre sobre la capacidad de pago, lo que debilitó la credibilidad financiera del país.
«Precios Cuidados» y control de precios
Convirtiéndose en una bandera de la era Cristina Fernández de Kirchner y luego del expresidente Alberto Fernández, el ahora mandatario provincial sería el primero en sugerir el programa de «Precios Cuidados», una iniciativa de control de precios aplicada a productos que integran la canasta básica familiar. El objetivo de este programa era proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos frente a una inflación que, mes a mes, se disparaba un poco más. Pero, nuevamente, este control de precios generaría el efecto contrario, además de desabastecimiento.
A pesar de la intención inicial, el control de precios no logró frenar la inflación y esta continuó escalando debido a factores como la emisión monetaria, para financiar el gasto público en ascenso, para —por ejemplo— los planes sociales y terminó generando déficit fiscal. Esta medida también afectó a la industria privada, ya que no lograran competir con esos precios congelados de manera superficial por el gobierno y los ajustes para preservar sus márgenes de ganancia en medio de una inflación descontrolada los alejaba aún más de los clientes.
Subsidios a las tarifas: un alivio con alto precio
Al igual que los controles de precios, los subsidios a los servicios públicos también se convertirían en un estandarte del kirchnerismo que costaría mucho quitar. También en este caso, Kicillof apoyó la iniciativa con la intención de que el aumento de las tarifas no afectara a las familias de bajos recursos.
Con lo que parece no haber contado el entonces ministro es que esta medida generaría aún más déficit por el alto costo de mantener esos subsidios, en una compleja Argentina que debía mantener el control de precios, la suba de asistencia social y las actividades públicas de cada año, al igual que la mantención de las dependencias del Estado.
Claro que, el argumento para llevar adelante tal medida fue asistir a los que menos tienen, lo que generó su rápida popularización y aceptación, pero ese alivio temporal en los servicios de luz, gas y agua generaría efectos adversos que aun en la actualidad están intentando sincerarse y estabilizarse. Pero, la solución momentánea para no sacrificar ninguno de esos «derechos obtenidos» fue la emisión monetaria, lo que dispararía la inflación a futuro.
De esta forma, la perpetuación de los subsidios a los servicios básicos se convirtió en otro fondo que debía ser contemplado en el presupuesto nacional, convirtiéndose en una medida costosa que consumió gran proporción de recursos sin generar nada a cambio.
Aumento desproporcionado de empleados públicos
El crecimiento del empleo público durante la gestión de Kicillof, ahora como gobernador, también es otro foco de críticas sobre cómo utiliza los fondos. Aunque también en su etapa como titular de Palacio de Hacienda ya se veían estas contrataciones masivas al Estado, generando una estructura burocrática que consumía gran parte de los presupuestos de cada cartera ministerial sin un aumento proporcional real en la eficiencia.
El aumento del empleo estatal contribuyó a un incremento sostenido del gasto público, mientras que los ingresos no crecieron en la misma proporción. Esta situación obligó al Estado a recurrir a fuentes de financiamiento que, a la larga, se convirtieron en deuda o en emisión monetaria, ambas con efectos negativos sobre la estabilidad económica.
Política de endeudamiento de provincia de Buenos Aires
Cerrando su paso como ministro, pero ubicándose como mandatario bonaerense, Kicillof se encontró con el desafío de gestionar una deuda en el territorio provincial. Pese a ello, en lugar de reducirla, la deuda aumentó aún más durante sus primeros años de gestión, especialmente la toma de deuda en dólares, que genera obligaciones complicadas de cumplir en un contexto de devaluación constante. Llevando el total de la deuda en los primeros 10 años de 3860 millones de dólares a 6.624 millones.
La dependencia de la toma de deuda en moneda extranjera aumentó la vulnerabilidad de las provincias en el tipo de cambio y a los altibajos de la economía nacional. Asimismo, este endeudamiento aumentó la necesidad de fondos para cubrir el servicio de la deuda, dejando menos recursos para otras áreas clave como Educación, Salud y Seguridad, sectores que se vieron rezagados en sus necesidades presupuestarias.
Ante esta problemática, durante la gestión del exjefe de Estado, Alberto Fernández, las transferencias por fuera de los fondos de coparticipación al territorio bonaerense aumentaron desproporcionalmente. Ahora, bajo la administración de Javier Milei, el gobernador Kicillof se enfrenta al total corte de esos recursos discrecionales con los que, anteriormente, solía contar.
La suma de estos errores que gestionó el ahora gobernador Kicillof generó costos por 41.625 millones de dólares para el país, dañando así la economía nacional.