SANTA FE.- Otra instancia en el caso Vicentin, la cerealera que lleva más de cuatro años en concurso de acreedores y busca darle un cierre al asunto. El procurador general de la Corte Suprema de Justicia de esta provincia, Dr. Jorge Barraguirre (h), consideró que “debería ratificarse la declaración de admisibilidad” del concurso.
La novedad se conoció luego que el mes pasado el máximo tribunal de esa provincia admitiera para analizar el recurso de inconstitucionalidad que solicitó la firma Commodities, que pretende frenar la homologación del concurso. Tras ese paso, la Corte santafecina debe resolver la cuestión de fondo: si acepta la propuesta de pago de la empresa o inicia el proceso de “salvataje” vía un proceso de cramdown. En este marco, antes de eso hoy se conoció la resolución de Barraguirre (h) y en Vicentin no se ocultó el optimismo por su postura porque “en términos generales permitirá continuar el proceso”.
“Por lo que se pudo observar, la resolución rechaza los argumentos expuestos oportunamente por Commodities SA” tras el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones de Reconquista, en marzo pasado, que admitió la validez de lo actuado en el referido concurso, señalaron las fuentes consultadas por LA NACION. Como se explicó oportunamente, mediante dicha sentencia se hizo lugar al recurso de apelación deducido por Vicentin Saic, revocándose la decisión de primera instancia, y se homologó el acuerdo preventivo.
Ahora, lo que hizo el procurador fue abocarse a considerar la queja interpuesta por Commodities SA contra el pronunciamiento del 6 de marzo último dictado por la Cámara de Apelaciones de Reconquista, que rechazó la petición de Commodities, lo que dio lugar a nuevas cautelares hasta llegar al planteo de inconstitucionalidad. La Procuración evaluó la postura de arbitrariedad señalada por los abogados de Commodities y en varios párrafos mencionó la apertura del proceso de cramdown requerido por el peticionante.
Tras mencionar las decisiones del juez de primera instancia, Fabián Lorenzini, que tuvo a su cargo la primera parte del caso, las argumentaciones de la Sindicatura y la decisión de la Cámara de Apelaciones que rechazó la petición de Commodities admitiendo la homologación del acuerdo, el procurador llegó al planteo de inconstitucionalidad realizado por el acreedor. Y tras evaluar los contenidos de cada posición, sostuvo que “entiende que con los argumentos aportados, estaría habilitada para ejercer su responsabilidad institucional pronunciándose sobre el mérito del caso” evaluando a continuación el planteo de inconstitucionalidad” efectuado por Commodities.
Esto ocurrió en una semana donde trascendieron otras novedades sobre Vicentin, ya que allegados directos a la conducción de la firma agroexportadora admitieron que el empresario rosarino y titular de Commodities SA, Mariano Grassi, uno de los acreedores de Vicentin, esta vez en sociedad con el estudio jurídico Casanova y un grupo de técnicos, vendrían desarrollando desde hace un tiempo una estrategia de negocios con inversores para quedase con la firma.
Grassi, como trascendió en la semana, les vendría ofreciendo a potenciales inversores un plan con el cramdown. Al respecto, una fuente consultada, dijo que propone adquirir la deuda consolidada a los bancos internacionales. El valor que se maneja no quedó definido. En un documento se realizan especificaciones sobre la oferta para quedarse con la agroexportadora que cayó en default a fines de 2019.
“La cruzada para quedarse con la empresa existe, está vigente. Lo que se sabe es que hay un armado circulando vía un paper, que contiene varios elementos y también refiere a las empresas offshore que comprarían los créditos”, admitió esta tarde a LA NACION una fuente de la empresa nacida en el norte santafecino.
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