El presidente Javier Milei oficializó un decreto que autoriza el despliegue de militares para la protección de “objetivos estratégicos” en el territorio nacional.
Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a amenazas como el terrorismo internacional y el crimen organizado, otorgando al Poder Ejecutivo la facultad de identificar qué instalaciones y bienes requieren custodia prioritaria para garantizar la soberanía nacional.
¿Qué son los objetivos estratégicos?
El decreto identifica como objetivos estratégicos a:
- Plantas nucleares.
- Usinas eléctricas.
- Represas.
- Radares.
- Instalaciones de seguridad nacional.
Estas instalaciones, consideradas vitales para el funcionamiento del Estado, serían protegidas por su importancia para la vida, el bienestar de la población, la economía, el ambiente y la seguridad del país.
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Cambios en la normativa vigente
La nueva disposición, firmada por Javier Milei, el jefe de Gabinete Luis Petri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, amplía el alcance de los objetivos estratégicos al incluir amenazas provenientes de actores paraestatales y criminales, no solo estatales.
“Las amenazas pueden surgir de fuerzas, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales, tanto nacionales como transfronterizos, durante períodos de paz, guerra o conmoción interior”, establece el decreto.
Coordinación entre fuerzas de seguridad y armadas
El decreto detalla cómo se llevará a cabo la protección de estos objetivos:
- Competencia exclusiva del Poder Ejecutivo: el presidente y los ministros de Defensa y Seguridad podrán calificar bienes como objetivos estratégicos.
- Cooperación interinstitucional: el Ministerio de Seguridad podrá solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas y policías provinciales para proteger instalaciones estratégicas.
- Comando operacional en situaciones de guerra o conmoción interior: en caso de conflicto armado o estado de sitio, las Fuerzas Armadas tendrán el control de los operativos de protección.
Fundamentos del decreto
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La medida está respaldada por la Ley de Defensa Nacional, que busca proteger la soberanía, la libertad y la integridad territorial del país. Según los fundamentos del decreto:
- Es clave anticipar amenazas como el terrorismo internacional y los ataques cibernéticos que afectan la infraestructura crítica.
- El concepto de “objetivo estratégico” requiere claridad jurídica para evitar ambigüedades y garantizar su custodia efectiva.
Una mirada estratégica frente a nuevas amenazas
El decreto subraya que el terrorismo internacional es una de las principales preocupaciones del siglo XXI. Estas amenazas no solo desestabilizan el Estado, sino que afectan directamente a las instituciones democráticas mediante ataques a la infraestructura crítica.
Con esta medida, el gobierno de Milei refuerza la seguridad nacional, priorizando la protección de los recursos clave para el desarrollo del país y adaptándose a las nuevas exigencias de seguridad global.