Amnista Internacional Argentina present un preocupante informe sobre la represin a la protesta social durante el primer ao del gobierno de Javier Milei, y pidi la derogacin del «protocolo anti-piquetes» aplicado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
En al menos 15 manifestaciones relevadas la respuesta estatal se caracteriz por el uso excesivo de la fuerza, incluso contra nios y nias que fueron afectados por la violencia represiva.
%uD83D%uDEA8 Ms de 1100 heridos, 33 impactos faciales, 73 criminalizados y represin contra nios y nias: Desde Amnista Internacional publicamos un informe y un sitio web en los que documentamos serios retrocesos en el derecho a la protesta desde la implementacin del «Protocolo… pic.twitter.com/ZoTHnY38Y4
— Amnista Internacional Argentina (@amnistiaar) December 19, 2024
El protocolo de Milei y Bullrich
El 14 de diciembre de 2023 el Ministerio de Seguridad public el Protocolo Anti-piquetes (Resolucin 943/20238), una norma que va a contramano de las normas y estndares a nivel nacional e internacional.
Este protocolo parte de la premisa de que toda protesta social atenta contra la seguridad y el orden pblico y fija pautas de actuacin policial y estatal que vulneran el derecho a la libre reunin y asociacin, libertad de expresin y de protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitucin Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y los estndares internacionales de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos en la materia.
Qu datos revela el informe de «Disenso en riesgo» de Amnistia
El organismo alert que el gobierno de Milei tuvo «prcticas propias de gobiernos autoritarios» en sus doce meses de gestin, que se ven graficadas en 1.155 personas heridas, de las cuales 33 tienen impactos de balas de goma en la cabeza.
«En al menos 15 manifestaciones relevadas la respuesta estatal se caracteriz por el uso excesivo de la fuerza, incluso contra nios y nias que fueron afectados por la violencia represiva».
Las cifras: 1.155 personas heridas, muchas de ellas con lesiones graves.
Segn el organismo internacional, la aplicacin del protocolo anti-piquetes por parte del Gobierno nacional «dio va libre a las autoridades policiales para desplegar un uso abusivo y arbitrario de la fuerza, poniendo en peligro la seguridad, la vida y la integridad fsica de las personas que ejercen su derecho a la protesta pacfica».
Algunos datos del informe:
33 personas con impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daos severos en la visin
50 periodistas y trabajadores de prensa heridos mientras cubran las manifestaciones
73 personas criminalizadas por participar en las protestas
Para el organismo, «el uso de la fuerza es la primera y nica respuesta del Estado a las demandas sociales expresadas en las calles» y calific como «desproporcionada» la utilizacin de las armas menos letales como gases lacrimgenos y balas de goma con las que se pusieron «en peligro la vida y salud de las personas».
«Las imgenes hablan por s solas: se ha visto a efectivos policiales golpeando a personas adultas, arrojando gas lacrimgeno a la cara de las personas de manera indiscriminada, incluso a una nia de 10 aos», en alusin al caso de la nena que se manifestaba hace pocos meses junto a su mam en las inmediaciones del Congreso.
El pedido de Amnista
En un expreso pedido al Ministerio de Seguridad, Amnista solicit la derogacin del protocolo anti-piquetes y exigi que se establezcan «regulaciones para la actuacin policial en contextos de protesta respetuosas de las normas y estndares internacionales de derechos humanos sobre derecho a la reunin pacfica, libertad de expresin y uso de la fuerza».
Tambin pidi que se garantice que «todas aquellas personas que quieran manifestarse pacficamente puedan hacerlo, sin que su vida o su integridad fsica corran peligro».
«Abstenerse de utilizar la fuerza como mecanismo para desalentar el legtimo ejercicio del derecho a la protesta», plante el organismo, entre otros puntos.
