POLÍTICA
No sería la primera vez en la historia. El antecedente durante la presidencia de Mauricio Macri.
El Gobierno de Javier Milei se encamina a designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema, una decisión que encuentra su justificación en la negativa del Congreso a completar el proceso de nombramiento.
Ante la falta de voluntad política en el Senado para avanzar con los pliegos, el Ejecutivo opta por una vía constitucional que ya tuvo antecedentes en la historia reciente.
El antecedente de Macri y la parálisis legislativa
La decisión de Milei no es un hecho inédito. En 2015, el ex presidente Mauricio Macri designó en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti mediante decreto, en un contexto donde la Corte también funcionaba con tres miembros. En aquel entonces, la falta de consenso en el Senado y la necesidad de completar el tribunal motivaron la medida, que luego fue convalidada por el Congreso.
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La situación actual es similar. Desde mayo pasado, el Ejecutivo intentó lograr el aval del Senado para la designación de Lijo y García-Mansilla, pero las negociaciones no prosperaron. A pesar del respaldo de varios gobernadores peronistas, como Gerardo Zamora, la falta de definiciones dentro del bloque de Unión por la Patria y la presión de sectores del PRO impidieron alcanzar los dos tercios necesarios. La oposición, liderada por Cristina Kirchner y el kirchnerismo, mostró una postura obstruccionista, negándose incluso a dar quórum para el debate.
La necesidad de una Corte Suprema completa
El actual tribunal opera con solo tres miembros, una situación que afecta su funcionamiento y que Milei busca solucionar. La Corte Suprema tiene un papel crucial en la estabilidad institucional del país y en la garantía de seguridad jurídica para las inversiones y el desarrollo económico.
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El decreto aparece como la única salida viable ante la intransigencia del Senado. Lejos de ser una decisión arbitraria, se trata de un mecanismo previsto en la Constitución que permite destrabar la crisis institucional provocada por la negativa de la oposición a cumplir con su deber legislativo.
El impacto político y las perspectivas
La medida no está exenta de controversias, pero la historia demuestra que el decreto es un recurso legítimo cuando el Congreso bloquea el avance institucional. La falta de acción del Senado, sumada a la negativa de sectores del peronismo y del PRO a negociar, dejaron al Gobierno sin otra alternativa.
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Ante este panorama, Milei se posiciona como un presidente que toma decisiones firmes frente a la parálisis del Congreso. La designación de jueces por decreto no solo es legal, sino que responde a la urgencia de fortalecer la institucionalidad del país.
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