Intervención de PBA: control de la agenda a cualquier precio y con peligros institucionales

Retomar el control de la agenda a cualquier precio. El escándalo de las criptomonedas, que ya camina por el sinuoso andarivel judicial, dejó al Gobierno desnudo, con sus banderas a media asta. Desde ese momento, ya no alcanzó con las diatribas de Javier Milei que otrora fueran efectivas. La exacerbación en redes era respondida con la estafa $LIBRA, a los comentarios ocurrentes de su tribuna tuitera se le constaba con hilos más ocurrentes aún.

En su peor momento, el de más desconcierto, el Presidente y su mesa chica optaron por tapar un hecho con otros que también son cuestionables, incluso desde el punto de vista jurídico e institucional. El decreto para convertir al Banco Nación en una SA, primero. El nombramiento por decreto de jueces para la Corte Suprema, después. Y, ahora, una estocada que se ensambla en su batalla política y cultural: el pedido de renuncia a Axel Kicillof con amenaza de intervención federal en la provincia.

Una avalancha de medidas que se coronará este sábado con su discurso ante la Asamblea Legislativa, que lucirá semivacía por el faltazo de diputados y senadores de la oposición y del grueso de los gobernadores, que prefirieron centrarse “en su agenda local”, como mencionan en despachos provinciales para justificar la ausencia.

Llamativo silencio del republicanismo y de los adalides de la institucionalidad ante un avasallamiento de estas características, que para colmo se aplica, acaso, sobre el principal rival político de Milei junto con Cristina Kirchner, y con proyección de disputarle el sillón de Rivadavia en 2027. De subirlo al ring a bajarlo por la fuerza, minutos después de que el New York Times publicara un artículo que complica más la situación del Presidente por el Caso $LIBRA, con más empresarios que denuncian haber sido instados a poner dinero para concretar un encuentro con Milei.

La Constitución Nacional concede en su artículo 6 la posibilidad de una intervención federal a una provincia ante ciertas amenazas. Así el Estado Nacional puede hacerlo para: 1) garantizar la forma republicana de Gobierno; 2) repeler invasiones extranjeras; 3) reestablecer o sostener «autoridades constituidas para si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia”.

Ninguno de los tres puntos corresponde a los casos de inseguridad resonantes que asolaron en estos días a la provincia de Buenos Aires. “No hay otras causales de intervención federal y el tema de la inseguridad no lo es. Y cuando uno interpreta cuáles son las causas de intervención federal, no se pueden ampliar graciosamente por interpretación. Por el contrario, es un instituto de emergencia que se tiene que interpretar restrictivamente, entonces el caso de duda no corresponde”, expresó a este medio el constitucionalista Félix Lonigro.

“Por el tema de la inseguridad no corresponde. Lo que sí podría pasar es que el Gobierno de la Nación quiera mandar fuerzas de seguridad nacionales para la seguridad de la provincia. Si bien la ley de seguridad interior prevé que en este caso la provincia debe solicitarlo, Nación puede enviar fuerzas igual, aunque no lo solicite. Pero, claro está, según la ley tendría que declarar Estado de Sitio, que es más complejo”, agregó el abogado.

La última intervención federal data del 2004, en Santiago del Estero, para terminar con la dinastía de Carlos Juárez y su esposa Nina Aragonés. Por caso, el primer gobernador en cruzar a Milei por el pedido de intervención fue Gerardo Zamora, el emergente de ese proceso. «El pedido de renuncia formulado por el presidente a un gobernador, acompañado de una amenaza velada de intervención, representa un ataque directo a los valores republicanos y federales que nos definen como nación», dijo en sus redes, en un texto que luego fue calcado por su par pampeano Sergio Ziliotto.

Estadísticas y efectismo

Encontró la Casa Rosada y sus estrategas un blanco fácil. El año pasado, un gobernador que no era Kicillof y que tampoco es peronista lo graficaba con las siguientes palabras: “Venimos bajando la tasa de delitos y homicidios, pero no decimos nada, porque mañana matan a un chico a la salida del colegio y no hay estadística que valga. Y tampoco podemos garantizar que no haya un hecho de esas características. Ni nosotros ni nadie”.

El Gobierno bonaerense fue en contra de ese manual y salió a responder con los números en la mano. «Si Buenos Aires fuera un baño de sangre, Argentina no sería el país con menos homicidios en Sudamérica», fue la primera respuesta hace tres semanas, que desde La Plata canalizaron a través de Ámbito, en una extensa entrevista al ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso. Si bajaron las tasas delictivas respecto a gestiones anteriores, o la comparativa con San Pablo o Lima tal vez no calen en la sensibilidad cotidiana ante casos de horror. Pero tampoco los números dejan de ser ciertos, y en rigor las políticas de Estado deben apuntar más a esas planillas que al discurso efectista. Los recursos que Nación recortó a las provincias y el crecimiento del desempleo no son, tampoco, burbujas en el aire. La mirada integral es responsabilidad de los funcionarios que administran cada terruño. No se trata, claro está, de poner un policía en cada cuadra. No dan las cifras.

La Libertad Avanza ya había deslizado que el eje de su campaña electoral estaría enfocado en la inseguridad. Eligió un potencial candidato como José Luis Espert, con un discurso “mano dura” y por demás oportunista. Ante cada caso mediático, salió a pedir balas. Una construcción lenta que debió acelerarse tras el criptogate, que puso un manto de duda en la alianza de LLA con el PRO, partido que ahora duda de fundirse con los violetas, al menos en las condiciones de sumisión que intentan ponerle los libertarios. Esa división sería a pedir del oficialismo provincial.

Para colmo, la primera reacción del peronismo fue el respaldo de La Cámpora al gobernador, un hecho impensado en medio de la interna sin cuartel que se despliega en el justicialismo bonaerense. Quizás, la amenaza empuje a una unidad del PJ que hasta acá también parecía alejarse.

Tampoco se puede soslayar que el modelo de gestión de Kicillof es opuesto al de Milei. Lo recalcan ambos en cada oportunidad. Mercado vs Estado, es la reducción de esa fórmula. Con un forzado intento de intervención, el Presidente apunta a barrer por las malas a su principal escollo de su “batalla cultural”. La justicia social que uno aborrece, el otro la reivindica. La obra pública que uno rechaza, el otro la impulsa. La política impositiva va en sentido contrario. Y así en cada eje de gestión.

La relación de Milei con los gobernadores fue siempre tirante, y la ausencia masiva de estos a la apertura de sesiones de este sábado en el Congreso, independientemente de la tribu política de referencia, es una señal inequívoca. Pero, en ese mapa, el Gobierno logró contener reclamos, apaciguar demandas y llevar a los jefes provinciales a un redil más ameno: la mesa de negociación uno a uno. Así, desde la cartera de Interior. que luego pasó a la órbita de la jefatura de Gabinete, se logró desactivar ligas partidarias, regionales y cualquier atisbo de proyecto nacional que se articulara desde el llamado federalismo. Los mandatarios prefirieron asegurar sus pagos, e incluso el peronismo se atomizó. Primero, por la distancia que tomaron los llamados dialoguistas, como el tucumano Osvaldo Jaldo o el catamarqueño Raúl Jalil. Luego, las propias cuitas internas que derivaron en la presidencia de Cristina Kirchner en el PJ centrifugaron a otros, con quejas menos orgánicas.

En ese tablero, la potencialidad de un proyecto nacional solo quedó, entre los mandatarios, en cabeza de Kicillof. Con un modelo antagónico e incluso con la intención de tensar hacia adentro del peronismo, como un contrapeso al ala K. ¿Será apenas vituperios en voz alta? ¿Hay detrás un plan real para avanzar en una intervención? La política deberá tomar nota, y determinar cuáles son los límites que no se deberían cruzar.