Desde que asumió como presidente, Javier Milei viene impulsando un plan ambicioso que incluye una drástica reducción de los subsidios estatales a los servicios públicos, como la energía eléctrica, gas y agua. Esta medida, anunciada en diciembre del 2023 por el ministro de Economía, Luis Caputo, como parte de un paquete de «urgencia económica», busca eliminar lo que el Gobierno considera una distorsión económica. «Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de estos subsidios», afirmó Caputo en ese entonces, subrayando también que estos se pagan con inflación.
Aunque inicialmente se había planificado una quita total para marzo de 2024, la administración libertaria prorrogó el esquema de transición hasta mayo de este año, según la resolución 384/24 de la Secretaría de Energía, debido a «ineficiencias en la asignación de recursos» y la necesidad de evaluar el impacto social de la medida.
Ante estos cortes en el financiamiento, varias provincias decidieron contrarrestar la medida, manteniendo los subsidios de manera local para amortiguar las subas. En algunos casos, estas respuestas surgieron más como otra oportunidad de destacar la gestión provincial por sobre la nacional, más aún luego que Milei decidiera recortar las transferencias discrecionales y eliminar fondos como el Compensador del Interior para el transporte. Bajo ese pie, provincias como el territorio bonaerense, Tucumán, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Corrientes decidieron hacer uso de sus presupuestos para financiar los subsidios.
En primer lugar, provincia de Buenos Aires, comandada por Axel Kicillof, hizo uso de una imponente porción de sus recursos para continuar con la financiación de la tarifa social de luz, usando aproximadamente unos 90 mil millones el año anterior, beneficiando a casi 3 millones de usuarios que pertenecen al segmento N2 (hogares de bajos ingresos). Este programa, que se aplica automáticamente a quienes tienen ingresos inferiores a $870.000 mensuales —umbral establecido en 2024, sujeto a ajustes por inflación—, busca mitigar el impacto en el conurbano.
Para 2025, con una inflación interanual proyectada entre el 50% y el 100% respecto a 2024, se estima que este gasto escalará a entre $200.000 y $250.000 millones anuales, lo que expone el esfuerzo del gobierno de Unión por la Patria por mantener los precios del servicio casi congelados en relación con las subas que se vienen aplicando en otros territorios. «La provincia de Buenos Aires va a seguir acompañando a las familias para mitigar el impacto de esta decisión que perjudica a los sectores más vulnerables», publicó Kicillof vía X en julio del año anterior.
Pese a las presuntas buenas intenciones del mandatario bonaerense, es importante resaltar que destinar miles de millones de pesos a subsidiar tarifas implica un costo significativo para su presupuesto, ya que debe enfrentarse también a la falta de fondos discrecionales y la reducción de coparticipación federal. Obviando, además, que los subsidios no generan ningún tipo de redistribución.
Para ejemplificar esto último, basta con ver que los 200 mil a 250 mil millones de pesos que utilizarían este año para continuar con el congelamiento de tarifas, se traducirían en un 3%-4% del presupuesto anual estimado ajustado por inflación. Exponiendo así que el impacto más tangible es la oportunidad perdida de usar estos fondos en otras áreas que enfrentan déficits como Educación, Salud y Transporte.
Energía: distritos del norte y del sur también se suman
Por su parte, Tucumán optó por una estrategia más focalizada, pero significativa. En 2024, la provincia destinó cerca de $5.000 millones anuales para subsidiar tarifas eléctricas, priorizando la tarifa social y el régimen de «zona fría», que establece topes de consumo de 700 kWh para usuarios N2 y 500 kWh para N3 durante los meses de invierno. Para este año, este monto podría aumentar a entre $12.000 y $15.000 millones anuales debido al clima que exige un consumo energético elevado, puntualmente en ciertas épocas también de verano como noviembre, diciembre y enero. Así, Tucumán buscó evitar que las facturas se vuelvan impagables para los hogares más vulnerables, especialmente en el interior provincial, donde la pobreza azota a gran parte de los hogares.
A su vez, Neuquén, beneficiada por los ingresos de la explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta, implementó subsidios locales para electricidad y gas, con una inversión de $10.000 millones anuales el año anterior. Para el vigente, con el aumento de costos y la inflación proyectada, esta cifra podría ascender a entre $25.000 y $30.000 millones anuales. En este caso, se intenta que los principales beneficiarios de esta política se ubiquen en áreas rurales y cordilleranas, donde el acceso a la energía es esencial para la calefacción y la actividad económica, reflejando la capacidad financiera de la provincia para contrarrestar la quita nacional.
Santa Cruz también destinó recursos para complementar el régimen nacional de «zona fría», que beneficia a las provincias patagónicas con topes de consumo subsidiado. En 2024, el gobierno provincial invirtió aproximadamente $8.000 millones anuales en subsidios a gas y electricidad, y para lo que resta de este 2025, se espera que alcance entre $20.000 y $25.000 millones anuales. Este empeño, avalado por el gobernador y exsindicalista Claudio Vidal, es financiado en parte con regalías petroleras que buscan aliviar las facturas de los hogares que están sometidos a climas extremos y también de una economía altamente dependiente de recursos naturales.
Su provincia vecina, Chubut, también enfocó sus subsidios en las áreas cordilleranas y los sectores vulnerables, con un gasto de $7.000 millones anuales en 2024. En este año, se estima que esta inversión llegará a entre 18 mil millones y 22 mil millones de pesos anuales, teniendo en cuenta el volumen de los beneficiados y la inflación.
Por último, al norte, Corrientes anunció en las últimas semanas que utilizará al menos utilizará al menos $1.036.003.816 bimestrales —equivalentes a más de $6.216 millones anuales— de sus recursos propios para rebajar las tarifas de luz, beneficiando a 82.000 usuarios. Esta medida, liderada por el gobernador Gustavo Valdés, está enfocada en mantener la competitiva de una economía agropecuaria que depende de la energía eléctrica para el riego y el procesamiento, según informaron sus ministros cercanos.
Es decir que, mientras el Gobierno de Javier Milei continúa avanzando con la eliminación de subsidios nacionales, estas cinco provincias y el territorio bonaerense decidieron hacer uso de sus propios recursos, sacrificando grandes sumas para continuar con las tarifas pisadas.