La nueva emergencia judicial reavivó temores de interferencia política en la justicia

La Asamblea Nacional aprobó el 24 de junio de 2025 la Ley de Integridad Pública, una normativa presentada con carácter económico urgente. La ley incluye reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) que han despertado preocupación por posibles excesos en la administración de justicia.

Uno de los cambios más debatidos fue la inclusión del artículo 269.1, que habilita al Consejo de la Judicatura a declarar una emergencia judicial sin plazo definido. Esta figura otorga al organismo amplias facultades que podrían debilitar los principios de estabilidad y transparencia judicial.

Con esta reforma, el Consejo podrá realizar contrataciones por emergencia, reasignar recursos presupuestarios y aplicar un régimen especial de ingreso a la carrera judicial. También se contempla la evaluación anticipada de jueces y fiscales, sin garantías explícitas de independencia institucional.

Este mecanismo entra en vigor mientras los vocales del Consejo de la Judicatura continúan prorrogados desde hace más de 140 días. La falta de nombramientos definitivos por parte del Consejo de Participación Ciudadana refuerza la fragilidad del sistema.

Actualmente, el Consejo de la Judicatura opera con solo tres vocales: Mario Godoy, Yolanda Yupangui y Solanda Goyes. La ausencia de representantes de la Defensoría Pública y la Asamblea impide una representatividad plural. Además, Goyes enfrenta un juicio político impulsado desde el oficialismo que podría dejar al organismo sin quórum.

El historial del sistema judicial ecuatoriano suma ya varias “emergencias” declaradas en períodos anteriores. Durante el gobierno de Rafael Correa, se disolvió el Consejo de la Judicatura y se instaló uno transitorio, lo que sentó las bases para una intervención estatal directa en el sistema judicial.

En 2018, el gobierno de Lenín Moreno repitió el proceso mediante una consulta popular que terminó con la creación del Consejo de Participación transitorio. Aquella etapa concluyó con la destitución de vocales como Gustavo Jalkh por falta de legitimidad, además de múltiples renuncias, censuras legislativas y procesos judiciales a vocales salientes.

Wilman Terán, Xavier Muñoz, Ruth Barreno y Juan José Morillo son parte de los exvocales que enfrentaron causas judiciales o admitieron vínculos con redes de corrupción. Estos antecedentes minan la confianza pública y evidencian la persistencia de estructuras vulnerables al crimen organizado.

La nueva Ley de Integridad Pública promete atacar la corrupción y reorganizar la Función Judicial, pero su implementación bajo una estructura prorrogada y con atribuciones excepcionales plantea el riesgo de repetir los errores de intervenciones anteriores. La historia reciente demuestra que las emergencias judiciales, si no se ejecutan con transparencia y legitimidad, pueden derivar en mayor inestabilidad y desconfianza ciudadana.