SOCIEDAD
Los allanamientos fueron en San Francisco y Frontera, donde secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo.
Una mujer de 46 años y su hijo de 29 fueron detenidos por comercializar estupefacientes en Córdoba y Santa Fe. La investigación duró más de cuatro meses. El caso se centró en San Francisco y Frontera, dos ciudades limítrofes ubicadas en el este provincial.
Ambos fueron atrapados tras un operativo dirigido por la Fuerza Policial Antinarcotráfico.La mujer ya cumplía prisión domiciliaria por otra causa similar. A pesar de esa condena, continuaba vinculada al tráfico de drogas junto a su hijo.
La causa está a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco. Las pruebas recolectadas permitieron avanzar con los allanamientos. Se sospecha que ambos lideraban un punto de venta activo y sostenido.
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Operativos simultáneos y despliegue táctico
Los allanamientos se realizaron en viviendas de ambas ciudades de forma simultánea. Uno de los domicilios estaba adaptado para el fraccionamiento de la droga. El Equipo de Acción Táctica de la FPA intervino con apoyo logístico especializado.
En los procedimientos se incautaron dosis de cocaína y marihuana listas para la venta. También se secuestró dinero en efectivo y elementos de corte y pesaje. Parte del material estaba oculto en compartimientos diseñados para eludir inspecciones.
La mujer había sido beneficiada con prisión domiciliaria por una condena anterior. A pesar de eso, violó las condiciones impuestas por la Justicia. La reincidencia en la actividad narco vuelve a poner en discusión la eficacia de este tipo de medidas.
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Justicia federal y legislación vigente
Ambos detenidos quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. La causa seguirá su curso en el fuero federal con base en San Francisco. La fiscalía solicitó prisión preventiva para evitar entorpecimiento de la investigación.
Desde ámbitos judiciales se alertó sobre el uso del beneficio domiciliario por parte de delincuentes reincidentes. El caso refuerza el reclamo por controles más estrictos. Se vuelve indispensable evitar que estas redes sigan operando desde el encierro.
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