El Senado de la Nación se encuentra en el centro de una nueva tormenta política y lleva al Gobierno al límite. Sin acuerdo entre oficialismo y oposición, y con una agenda cargada de proyectos sensibles, la Cámara Alta se encamina a una sesión clave este jueves a las 14 horas.
La convocatoria, impulsada por Unión por la Patria (UxP) y bloques aliados, busca avanzar con iniciativas que el Gobierno de Javier Milei rechaza de plano, en una pulseada institucional que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso.
La reunión de este martes entre los jefes de bloque y la vicepresidenta Victoria Villarruel no logró encauzar el conflicto. Ni siquiera fue considerada una reunión formal de Labor Parlamentaria, lo que refleja el nivel de desacuerdo. El oficialismo intentó postergar la sesión, pero la oposición ratificó su decisión de autoconvocarse, amparada en el reglamento del Senado que permite sesiones ordinarias los miércoles y jueves a las 14.
La agenda opositora incluye proyectos con fuerte impacto social y fiscal: aumento de jubilaciones, prórroga de la moratoria previsional, declaración de emergencia en discapacidad, y dos iniciativas impulsadas por los gobernadores para modificar el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles líquidos.
También se insistirá con la ley vetada por Milei que otorgaba asistencia económica a Bahía Blanca tras el temporal, y una declaración de rechazo al fallo judicial en EE.UU. que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF.
El Gobierno observa con preocupación el avance de estos proyectos. Desde la Casa Rosada ya anticiparon que vetarán cualquier norma que implique un gasto estructural que comprometa el superávit fiscal, una de las banderas centrales de la gestión Milei.
Frenos
La vicepresidenta Villarruel, que preside el Senado, intentó frenar la sesión mediante una resolución administrativa firmada por el secretario parlamentario Agustín Giustinian, que declaró inválidos los dictámenes de comisión sobre jubilaciones y discapacidad por supuestas irregularidades reglamentarias.
Sin embargo, la oposición sostiene que la interpretación del reglamento corresponde al pleno del Senado y no a un funcionario administrativo. El jefe del bloque de UxP, José Mayans, calificó la resolución como “nula de nulidad absoluta” y advirtió que el cuerpo está facultado para sesionar y tratar los temas en cuestión.
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