Para la jueza Julieta Makintach, el significado del título “Justicia Divina” varió de forma abrupta e implacable en los últimos meses. Lo que para ella había comenzado como una producción audiovisual con foco en su labor como magistrada, terminó provocando un escándalo de proporciones que, con cierta ironía, no solo podría expulsarla del cargo, sino que incluso opacó mediáticamente al controversial juicio por la muerte de Diego Maradona.
En la causa que tramita la Fiscalía Nº 1 de San Isidro, los fiscales José Amallo, Carolina Asprella y Cecilia Chaieb están a cargo de la investigación contra la jueza, suspendida de sus funciones por participar en la filmación clandestina del juicio vinculado a la muerte del “Diez”. El caso no sólo pone la lupa sobre el enjuiciamiento de Makintach, la fiscalía también apunta a los jueces Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino, los otros dos integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de San Isidro que intervinieron en la audiencia.
Al menos dos testigos avisaron de la presencia de un camarógrafo infiltrado en la sala y afirmaron que los jueces Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino fueron alertados por una de las funcionarias del Tribunal. De confirmarse que los magistrados conocían la existencia del camarógrafo, se les aplicara el respectivo jury.
En la audiencia del 29 de mayo, se estableció la nulidad del juicio. En ese momento, esos mismos jueces decretaron que «la intervención de la doctora Makintach determinó la nulidad del debate”. Entre las evidencias, se proyectaron fragmentos de un reportaje a Makintach, junto con un sugestivo teaser, pertenecientes al proyecto «documental» titulado “Justicia Divina”. El material audiovisual, ligado a las personas que estuvieron grabando las audiencias, consolidó la recusación contra la magistrada apartándola del expediente.
Defensa. Ante este panorama, la jueza comenzó a mover sus fichas para evitar un enjuiciamiento que la impediría ejercer cualquier cargo público en el futuro. Makintach presentó su dimisión ante el gobernador Axel Kicillof, pero no fue aceptada hasta el momento. Previendo lo que puede ser un proceso judicial desgastante, confirmó a Nicolás Urrutia como su defensor. Una clara movida político-mediática, considerando que el letrado fue funcionario del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona, y es abogado de Jésica Cirio.
Por otro lado, el juicio sigue su curso. Tras idas y vueltas, el juez Pablo Adrián Rolón completará el tribunal de juicio con los magistrados Alberto Gaig y Alberto Ortolani.
por R.N.