Por el juicio de YPF, por el que el país fue condenado a pagar US$ 16.100 millones, el martes 29 de julio habrá una audiencia clave entre la Argentina y los fondos ante la jueza Loretta Preska para resolver temas pendientes del Discovery. La medida apunta a identificar activos embargables mientras siguen abiertas las apelaciones de ambas partes.
Según fuentes cercanas al caso, esta audiencia resulta clave porque allí se definirán los tiempos, las formas, los términos y las condiciones sobre la entrega o no de información.
Por un lado, la Argentina busca revertir la sentencia o, en su defecto, reducir el monto fijado. Mientras que, por el otro, Burford Capital, principal beneficiario del fallo, también apeló para que YPF sea declarada responsable solidaria del pago.
En paralelo, la Procuración del Tesoro presentó argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para frenar la entrega del 51% de las acciones de YPF, al sostener que “la orden vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero y contradice la Ley de Inmunidades Soberanas de Estados Unidos”. Si el fallo resultara adverso, el Gobierno anticipó que llevará el caso a la Corte Suprema de ese país.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor indicó: «La República Argentina se ha comprometido a entregar información a los beneficiarios del fallo YPF relacionada con toda privatización de empresas estatales. Este acuerdo y otros forman parte del proceso de Discovery de activos del estado que puedan ser embargados como forma de pago de la sentencia”.
Sin embargo, fuentes cercanas al caso, indicaron que «cualquier afirmación antes de esa audiencia en la que se definirán los tiempos y formas, es poco prudente».
Sobre el Discovery, Maril aclaró que este proceso permite a los demandantes solicitar datos financieros y patrimoniales del Estado argentino para ubicar bienes que puedan ejecutarse si la sentencia queda firme. La audiencia de este martes podría habilitar nuevas exigencias para el país, aunque aún no implica la ejecución de activos.
Otro frente abierto es la denuncia por presunta corrupción en la compra de acciones de YPF entre 2008 y 2011. El próximo 5 de agosto, la Corte de Apelaciones definirá si acepta o rechaza el pedido de la ONG RA4ARG, que busca anular la sentencia original e impulsar una investigación en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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