La Argentina acaba de dar un paso que la ubica en la primera línea de la lucha internacional contra el narcoterrorismo: declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista. No se trata de un gesto diplomático vacío ni de una formalidad burocrática. Es, en realidad, el reconocimiento oficial de que Nicolás Maduro y su cúpula no son simplemente líderes autoritarios, sino la cabeza visible de una estructura criminal que combina narcotráfico, terrorismo y represión política. Con esta decisión, nuestro país se coloca a la par de Estados Unidos, Paraguay y Ecuador, que ya habían tomado la misma determinación, en un momento clave en el que la comunidad internacional endurece sus medidas contra el régimen chavista.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) no solo designó al Cártel de los Soles como “Organización Terrorista Global Especialmente Designada”, sino que duplicó la recompensa por la captura de Maduro, elevándola a 50 millones de dólares, una cifra que supera incluso la que alguna vez se ofreció por Osama Ben Laden. Esto revela la magnitud de la amenaza: Maduro no es un presidente cuestionado, es un criminal buscado al mismo nivel que los líderes terroristas más peligrosos del planeta.
La contundencia del paso argentino quedó reflejada en la reacción inmediata de Washington. Apenas conocida la noticia, el Secretario de Estado Marco Rubio informó personalmente al expresidente Donald Trump que la Argentina se sumaba a la coalición internacional contra el narcoterrorismo. Más allá de la anécdota, ese dato tiene una lectura política inequívoca: nuestro país decidió alinearse de manera clara con quienes comprenden que la seguridad regional depende de enfrentar a regímenes criminales como el chavista.
Durante años, algunos intentaron minimizar la existencia del Cártel de los Soles, presentándolo como un mito construido por servicios de inteligencia extranjeros o como una exageración de opositores. Hoy, esa etapa está superada. Investigaciones judiciales, testimonios y documentos de inteligencia confirman que se trata de una organización real, que mueve anualmente unas 500 toneladas de cocaína -una cuarta parte de la producción mundial- y que utiliza al Estado venezolano como plataforma de operaciones. El nombre mismo del cartel, tomado de las insignias de los generales de la Guardia Nacional Bolivariana, expone el origen militar de esta mafia.
El propio Maduro es señalado como jefe máximo del entramado. Según la justicia estadounidense, durante su ascenso al poder participó de una conspiración narcoterrorista junto a las FARC, ordenó suministrar armas de uso militar a esa organización y coordinó operaciones internacionales de tráfico de cocaína. La alianza con guerrillas colombianas como el ELN y con grupos extremistas como Hezbollah confirma la naturaleza híbrida del régimen: una mezcla de dictadura, mafia y organización terrorista.
Los efectos de este entramado no se limitan a Venezuela. La Argentina ya detectó redes de lavado de dinero vinculadas al Cártel de los Soles y, en paralelo, células del Tren de Aragua -la banda criminal venezolana que actúa como brazo operativo del cartel- fueron desarticuladas en varias provincias. Como si esto no bastara, el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido y desaparecido en Venezuela, pone en evidencia que no se trata de un problema lejano, sino de una amenaza que golpea directamente a nuestra nación.
En este contexto, no se puede dejar de recordar que en mayo de este año, desde la Fundación Apolo, presentamos en la justicia argentina una denuncia contra redes de espionaje ilegal vinculadas al chavismo que operaban en nuestro país para hostigar a exiliados venezolanos y perseguir a dirigentes críticos del régimen. Esa experiencia basta para convencerse de que el peligro no es una abstracción. El chavismo actúa en la Argentina, infiltra nuestras instituciones y busca blindarse internacionalmente mientras sigue oprimiendo a su pueblo y expandiendo su negocio criminal.
Por eso, la medida tomada por el Gobierno nacional es más que un acto de política exterior: es también una medida de seguridad nacional. Congelar sus activos, bloquear sus rutas financieras y perseguir sus operadores en nuestro territorio es indispensable para impedir que la Argentina vuelva a convertirse en refugio de criminales internacionales.
La dimensión regional de esta decisión es igualmente significativa. Mientras algunos gobiernos todavía eligen relativizar el problema -como el de Gustavo Petro en Colombia, que llegó a negar la existencia del cartel pese a contar con informes de inteligencia que lo describen con detalle., nuestro país marca un camino. La contradicción entre el negacionismo de ciertos líderes y la evidencia de las investigaciones deja claro que ya no se puede esconder la verdad bajo la alfombra.
La realidad es que enfrentamos una hidra criminal: el Cártel de los Soles como cerebro estratégico, el Tren de Aragua como músculo territorial, las guerrillas y Hezbollah como aliados en armas y finanzas. Atacar una sola parte del problema no alcanza; hay que desmantelar el entramado en su conjunto.
Llamar a las cosas por su nombre es el primer paso para resolverlas. Y hoy, al reconocer al Cártel de los Soles como lo que es -una organización terrorista-, la Nación empieza a saldar una deuda con su propia seguridad y con la libertad de los pueblos de la región.
Abogado y legislador porteño