La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos llevó adelante este miércoles una audiencia clave en el marco de la apelación presentada por la Argentina contra el fallo por u$s16.100 millones dictado en septiembre de 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el caso Petersen Energía / Eton Park Capital Management vs. República Argentina y YPF S.A.
Según informó la Procuración del Tesoro de la Nación, la defensa argentina expuso sus argumentos «con claridad, convicción y determinación», centrando su planteo en que el tribunal estadounidense interpretó de manera errónea el derecho argentino y basó su decisión en «una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias».
El experto en el tema Sebastián Maril publicó en sus redes un «breve resumen» de la audiencia, tras «salir de la Corte»: «Si sos el beneficiario de un fallo por u$s16.100 millones, vas a ser desafiado por los jueces. Hoy, los beneficiarios del fallo YPF fueron mucho más desafiados que la República Argentina».
«Tema jurisdicción y aplicación la ley argentina acaparó el 95% de la sesión. Tema premio, muy poco», sostuvo Maril, quien agregó: «Con sus preguntas, los jueces nunca van a revelar su opinión durante los argumentos orales. Buscan ver cuán sólido son las defensas de las partes».
Y concluyó: «Argentina salió muy bien parada si analizamos las preguntas formuladas por los jueces y sus comentarios. Pero no hay que asumir que el fallo será en base a lo ocurrido hoy».
Juicio por YPF: Argentina expuso sus argumentos en una audiencia clave en Nueva York
Durante la audiencia -que tuvo momentos de fuerte tensión- tanto la representación del Estado argentino como la de los demandantes presentaron sus argumentos. De inmediato, el mercado reaccionó: las acciones de Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos de litigio de Petersen, cayeron un 9,9% en la Bolsa de Nueva York.
La posición del país se apoyó en que el juicio no debería haberse tramitado en Nueva York, ya que todos los hechos cuestionados ocurrieron en Argentina, bajo leyes argentinas, y las operaciones involucradas se realizaron en pesos.
Los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson cuestionaron con dureza algunas posturas de los demandantes. Uno de ellos incluso planteó: «Si lo diéramos vuelta, si fuese Estados Unidos, ¿cómo nos sentiríamos si se juzgara en Argentina?»
La defensa también sostuvo que la causa involucra materia de derecho público -y no comercial-, por lo que debería quedar amparada por la inmunidad soberana. Subrayó además que todos los amicus curiae presentados respaldaron la posición argentina y recordó que el artículo 28 de la ley de expropiación establece que ninguna acción de terceros puede obstaculizar una medida de expropiación ni sus efectos.
«Subrayaron la importancia del caso para la República y sus habitantes, y apeló al sentido de justicia del tribunal y a la integridad del sistema judicial de los Estados Unidos», indicó la Procuración.
Los magistrados se mostraron incluso sorprendidos de que la cuestión sobre la falta de jurisdicción no se hubiera debatido antes, pese a que el caso lleva más de una década en los tribunales estadounidenses. Además, dirigieron las críticas más severas hacia los demandantes, señalando que el litigio debía centrarse en la conveniencia del foro y no en los detalles de fondo.
El argumento argentino es que el caso no involucra el derecho bursátil estadounidense ni la oferta pública inicial (IPO) de 1993, como alegan los demandantes. Por el contrario, las acciones fueron adquiridas quince años después, a través de operaciones privadas con Repsol, la empresa española que controlaba YPF al momento de la privatización.
Desde la Procuración se remarcó que esas operaciones estuvieron «rodeadas de serias sospechas de corrupción» y se financiaron con capitales mínimos, sostenidos por los propios dividendos de la petrolera. «Junto con Repsol, drenaron los recursos de YPF en el período previo a la expropiación mediante el pago de dividendos exorbitantes», señalaron. Y añadieron que los demandantes sabían que cualquier controversia debía resolverse bajo la ley argentina y ante sus tribunales.
Por su parte, los demandantes sostienen que la legislación argentina ofrece esa posibilidad, pero que no excluye otros foros internacionales.
El debate por el monto y la tasa
La defensa también pidió revisar el monto y la tasa de interés del fallo. Argumentó que la compensación debería calcularse con el tipo de cambio vigente al momento de la expropiación y no con el de septiembre de 2023, cuando se dictó la sentencia. El monto original de u$s16.000 millones ya supera hoy los u$s18.000 millones debido a los intereses, con una tasa cercana al 8%, considerada «excesiva» por la parte argentina.
Desde el Gobierno insistieron en que «el verdadero impulsor de este litigio es Burford Capital, un fondo con sede en el Reino Unido dedicado a financiar litigios, que está utilizando los tribunales estadounidenses para obtener una ganancia extraordinaria». Recordaron que el fondo adquirió el reclamo por apenas 15 millones de euros, lo que implicaría una rentabilidad del 37.000% si el fallo se mantiene.
«Burford Capital ha manifestado públicamente su intención de ‘poner arena en los engranajes’ del proceso de normalización de la Argentina, es decir, obstaculizar los esfuerzos del país por reinsertarse en los mercados internacionales de capital y participar plenamente en la economía global», añadieron.
Desde el Gobierno argentino confían en que la Corte de Apelaciones revierta el fallo de primera instancia y determine que los tribunales estadounidenses no deben intervenir en una controversia que pertenece a otra jurisdicción.
Se espera que la decisión se conozca hacia el primer trimestre de 2026, aunque por la trascendencia del caso, podrían surgir definiciones antes.