El tribunal rechazó la apelación del Estado y confirmó la orden de cumplir con la actualización salarial para docentes y no docentes, y la recomposición de becas estudiantiles.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó este martes la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo Nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La resolución rechazó la apelación presentada por el Gobierno y ordena el cumplimiento inmediato de los artículos que establecen la actualización de salarios del personal universitario entre diciembre de 2023 y septiembre de 2025, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, al resolver, consideraron «poco serios» los argumentos del Estado, que sostenía que la cautelar constituía una sentencia definitiva encubierta. El tribunal remarcó que el impacto fiscal de la medida es bajo y que no se afecta el interés público, sino que está en juego un derecho central como la educación superior pública.
La medida cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. En su fallo, Cormick había señalado que el decreto 759/2025, que suspendió la ejecución de la ley, presentaba rasgos de «arbitrariedad e ilegalidad manifiesta».
Desde el Gobierno nacional, la decisión judicial fue calificada como «arbitraria». Las autoridades argumentaron que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas en el Presupuesto, una discusión que, según su postura, corresponde al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial. La Cámara rechazó estos planteos sobre los posibles efectos en el equilibrio fiscal.
El conflicto en torno al financiamiento universitario generó movilizaciones estudiantiles y gremiales en distintas ciudades del país durante 2024 y 2025. La ley había sido sancionada por el Congreso a mediados del año pasado, superando un veto presidencial, pero el Ejecutivo avanzó luego con un decreto para frenar su aplicación. Actualmente, la estrategia oficial apunta a impulsar una nueva ley que modifique el esquema de financiamiento vigente.