La empresa, que también controla la planta de Trenel, anunció el proceso judicial tras fracasar las negociaciones para su venta o alquiler. Cerca de 200 trabajadores ya fueron despedidos y la producción está paralizada desde fines de 2023.
Los propietarios de Frigorífico General Pico S.A., empresa que controla las plantas de General Pico y Trenel, anunciaron mediante un comunicado que, tras no concretarse las tratativas para una venta o alquiler, la compañía se ha visto obligada a iniciar un concurso preventivo de acreedores.
En la nota, los dueños Ernesto «Tito» Lowenstein (presidente) y Alan Lowenstein (vicepresidente), señalaron que las negociaciones con un grupo europeo no avanzaron. Apuntaron como responsable a «un determinado grupo financiero que reviste simultáneamente la condición de accionista y acreedor», al que acusaron de obstaculizar distintas alternativas presentadas para asegurar la continuidad, priorizando el recupero de su crédito.
Según detallaron, entre las propuestas rechazadas se encontraba un esquema de leasing a ocho años por cerca de U$D 40 millones, así como ofertas de pago al contado. Afirmaron que este grupo, a diferencia de otros acreedores, tuvo acceso pleno a la información de la empresa pero no presentó propuestas superadoras, limitando las posibilidades de una solución extrajudicial.
El objetivo del concurso, explicaron, es «blindar de la mejor manera posible la continuidad de la empresa, preservar las fuentes de trabajo y encauzar de forma ordenada su situación financiera». Remarcaron que se trata de una empresa familiar cuyos socios han acompañado su desarrollo incluso con patrimonios personales, y que cuenta con activos productivos relevantes, especialmente en la planta de Trenel, la cual tiene habilitaciones internacionales.
La compañía, que había concentrado toda su faena en la planta de Trenel, se encuentra totalmente paralizada desde fines del año pasado. En el mes de febrero, procedió al despido de casi 200 empleados. En el comunicado, los directivos aseguraron que durante el proceso judicial se continuará trabajando para reactivar la operación a corto plazo y preservar el impacto económico y social de la firma en la región.