La Cooperativa Popular de Electricidad manifestó su rechazo a la modificación de la norma y apoyó la acción judicial impulsada por la provincia y ONGs pampeanas.
El Consejo de Administración de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) expresó su repudio a la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada recientemente por el Congreso Nacional, y adhirió a la propuesta de promover una demanda colectiva para evitar su implementación. La iniciativa es impulsada por el Gobierno provincial junto a organizaciones no gubernamentales de La Pampa.
«Esta reforma implica un enorme riesgo para el agua que diariamente utilizan millones de personas en todo el país, y un daño irreversible al medio ambiente, al derecho humano de acceso al recurso, la producción y la ciudadanía en general de nuestra Provincia y del territorio argentino», aseguró la CPE en un comunicado. La entidad agregó que la acción busca generar conciencia sobre el peligro de la reforma y que, a través de la justicia, no se convalide lo que calificó como un «retroceso».
Este jueves, el gobernador Sergio Ziliotto, autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y dirigentes de la Fundación Chadileuvú y de la Asociación por los Ríos Pampeanos anunciaron la presentación de un amparo ambiental en la Justicia Federal. El objetivo es declarar inconstitucional e intentar frenar la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), que habilita la minería en la zona periglacial.
«La ley lesiona derechos ambientales colectivos, que están consagrados en la Constitución nacional y convenciones internacionales», expresó Ziliotto. El mandatario provincial también sostuvo que la norma «afectará muchísimo a los pampeanos, sin distinción de ningún tipo. Es una ley que nos quitará nuestros derechos sobre el agua y perjudicará al ambiente».
La CPE fundamentó su adhesión a la campaña por su vinculación institucional con entidades como la Fundación Chadileuvú.