Un juez de La Pampa dictó sentencia en un caso de maltrato animal, argumentando que la acusada no tuvo intención dolosa al no poder alimentar adecuadamente a los animales debido a su extrema pobreza.
La Justicia absolvió hoy a una mujer que había sido acusada de maltrato animal, tras considerar que su condición social y económica le impedía proveer más alimentos a un caballo y dos ovejas que tenía en su domicilio. El juez de audiencia, Marcos Sacco, fundamentó la decisión en que la imputada «no tuvo ni la intención ni la voluntad de no alimentar en cantidad y calidad suficiente a sus animales. Por el contrario, lo hizo en el marco de sus condiciones económicas».
En la sentencia, el magistrado no ignoró los argumentos de la fiscalía, que había dado por probado que la mujer era la tenedora de los animales y que estos no recibían comida ni bebida suficiente, presentando malas condiciones de higiene. Sin embargo, avaló la defensa oficial, ejercida por Paula Arrigone, que sostuvo que para configurar el delito previsto en la ley nacional 14.346 es necesaria la intención manifiesta (dolo) de no alimentarlos cuando se tienen las condiciones para hacerlo.
El juez Sacco explicó que el bien jurídico tutelado por la ley es amparar a los animales como sujetos no humanos titulares de derecho. No obstante, aclaró que se trata de un delito doloso, donde la persona «no hizo lo que debió hacer, pudiendo hacerlo». En este contexto, se preguntó si la acusada tuvo la intención de privar de alimentos a los animales o si se los proporcionó dentro de sus posibilidades.
«Entiendo que no se probó que la acusada, teniendo los medios para hacerlo, no proporcionara a los animales los alimentos ni en cantidad ni calidad suficiente», concluyó el juez. Esta determinación se basó en que quedó demostrada la «extrema vulnerabilidad socioeconómica» de la mujer, quien estaba a cargo de tres hijos menores, su padre de 83 años y los animales, dependiendo únicamente de la jubilación de su progenitor.
Además, el fallo detalló que los animales habían sido llevados a la vivienda por la expareja de la mujer, quien desde su partida no colaboró con su manutención ni con la cuota alimentaria de los hijos. Durante el juicio oral, la fiscal Leticia Pordomingo había solicitado una condena de dos meses de prisión en suspenso y dos años de reglas de conducta, mientras que la defensa pidió la absolución. La denuncia original fue realizada por un vecino que transitaba semanalmente por el lugar.