El padre del niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia amplió la denuncia y solicitó la imputación y detención inmediata de ambos adultos. La acusación incluye responsabilidades del sistema de protección.
El caso de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años fallecido el 6 de abril en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, tuvo un giro judicial en las últimas horas. Luis Armando López, padre del menor, con patrocinio del abogado Roberto Castillo, presentó una ampliación de denuncia penal. En ella solicitó la inmediata imputación y detención de Maicol González (padrastro) y Mariela Beatriz Altamirano (madre biológica), acusándolos de homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.
El documento, presentado ante la fiscalía, describe un escenario de «producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes». Según la querella, la muerte de Ángel no fue un accidente, sino el desenlace previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional. La autopsia preliminar resultó clave: detectó lesiones traumáticas en la región craneal, incompatibles con una muerte natural o accidental y consistentes con violencia física de gran intensidad.
A esto se suman testimonios de vecinos que afirmaron haber escuchado gritos del menor y presenciado episodios en los que la madre le recriminaba a su pareja: «¡Vos le pegás al mío!».
Reclamo por la Ley Lucio y responsabilidades
Uno de los ejes de la denuncia es la acusación contra el juez de familia Pablo José Pérez, la asesora de familia Verónica Roldán y la licenciada Jennifer Leiva, del Servicio de Protección de Derechos. La querella sostiene que estos funcionarios «construyeron el escenario de desprotección» que derivó en el crimen.
La denuncia detalla que el sistema judicial rechazó en tres oportunidades la restitución del niño a su madre biológica por considerar que no era un entorno seguro. En febrero de 2026, el juez Pérez y la asesora Roldán escucharon al niño en audiencia, donde expresó que su centro de vida era con su madre de crianza, Lorena Andrade, y no identificó a Altamirano como su núcleo afectivo. A pesar de esto, no se adoptaron medidas de protección.
En marzo se dictó una restricción perimetral que impidió el contacto de la familia paterna y de la madre de crianza con el niño, quedando únicamente bajo el cuidado de los ahora acusados semanas antes de su muerte. El abogado Castillo estableció un paralelismo con el caso de Lucio Dupuy y sostuvo que los funcionarios habrían incumplido los deberes de prevención que establece la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio.
Peligro de fuga y presunta destrucción de pruebas
El pedido de detención inmediata se apoya en riesgos procesales concretos. La querella aportó indicios de que los acusados habrían quemado prendas de vestir del niño el día del hecho para eliminar rastros biológicos. Además, señaló la existencia de un presunto plan de fuga hacia la localidad de El Dorado, en Misiones, que habría sido gestionado por Altamirano con ayuda de un familiar.
«Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda», afirma la denuncia. Mientras Comodoro Rivadavia permanece conmocionada, la Justicia debe resolver el pedido de detención en una causa atravesada por la gravedad de los hechos.