Tras la aprobación de la modificación en Diputados, el gobierno provincial anunció una acción judicial ante la preocupación por el impacto en los ríos Colorado y Atuel, de los que depende gran parte del abastecimiento de agua en el territorio.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, una modificación que ha generado una fuerte polarización en el Congreso y preocupación en varias provincias, entre ellas La Pampa. La norma, que flexibiliza la protección ambiental en zonas periglaciales para permitir actividades mineras, obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.
En respuesta, el gobernador Sergio Ziliotto, junto a la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), la Fundación Chadileuvú y la Asociación por los Ríos Pampeanos, anunció la presentación de un amparo ambiental ante la Justicia Federal. El objetivo es que se declare la inconstitucionalidad de la reforma, argumentando que pone en riesgo el río Colorado, del cual se abastece aproximadamente el 70% de la población pampeana, y que también podría afectar al ya disminuido río Atuel.
La posición de La Pampa cuenta con un amplio respaldo en su representación legislativa. De los ocho legisladores nacionales por la provincia, seis votaron en contra de los cambios: los diputados Ariel Rauschenberger, Varinia Marín y Abelardo Ferrán (Unión por la Patria), y los tres senadores, Daniel Bensusán (Unión por la Patria), Daniel Kroneberger (UCR) y Victoria Huala (PRO). Solo los diputados Martín Ardohain (PRO) y Adrián Ravier (LLA) apoyaron la reforma.
Las autoridades provinciales sostienen que la nueva ley implica una flexibilización de los estándares ambientales nacionales, al otorgar mayor potestad a las provincias cordilleranas para definir, mediante estudios técnicos propios, qué áreas periglaciales quedan protegidas. Según el gobierno pampeano, esto podría habilitar intervenciones en zonas sensibles de la cordillera que alimentan los ríos, con un impacto directo en el caudal y la calidad del agua.
Ziliotto afirmó que la norma «lesiona derechos ambientales colectivos» consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, y que vulnera el principio de no regresión del derecho ambiental. «Afectará muchísimo a los pampeanos. Es una ley que nos quitará derechos sobre el agua y perjudicará al ambiente», expresó el mandatario.
El argumento central del amparo se basa en el riesgo hídrico. La provincia advierte que las nacientes del río Colorado se encuentran en áreas actualmente protegidas y que cualquier reducción de esos resguardos tendría consecuencias directas. Asimismo, se invoca el antecedente del río Atuel, cuya gestión unilateral aguas arriba provocó su pérdida en territorio pampeano, con procesos de desertificación y daños ambientales persistentes.