Un adolescente de 13 años amenazó a docentes y directivos de una escuela, lo que derivó en una intervención judicial y el secuestro de armas en poder de su padre. El Gobierno provincial se constituyó como querellante.
Un episodio ocurrido en la localidad de Rancul generó alarma en la comunidad educativa. Un alumno de 13 años amenazó de muerte a integrantes del equipo directivo y docentes de una escuela, según informaron fuentes judiciales. La amenaza, que incluyó la frase «los iba a matar a tiros», motivó una intervención urgente de la Justicia.
El juez de control Iván Progetti autorizó allanamientos en los domicilios de los padres del adolescente. En la vivienda del padre se secuestraron armas largas y cortas de distintos calibres, como carabinas .22, una pistola y una escopeta, además de una importante cantidad de municiones. Si bien el hombre se dedicaría a la caza, no contaba con la documentación que respaldara la tenencia legal del armamento.
Este hecho se produce en un contexto de creciente preocupación por amenazas similares detectadas en establecimientos educativos de otras localidades pampeanas, como 25 de Mayo, General Acha, General Pico y Santa Rosa.
Ante esta situación, el Gobierno de La Pampa, a través de la Fiscalía de Estado y por instrucción del gobernador Sergio Ziliotto, solicitó constituirse como parte querellante en las investigaciones penales iniciadas por amenazas de tiroteos y otros mensajes intimidatorios. La presentación fue realizada por el fiscal de Estado subrogante Araldo Eleno.
El objetivo de la medida, según informaron desde el Estado provincial, es colaborar en el esclarecimiento de los hechos, reforzar las acciones preventivas y garantizar consecuencias institucionales y judiciales para este tipo de conductas. Se fundamenta en la necesidad de preservar la seguridad pública, el orden institucional y la normal prestación del servicio educativo.
Como parte de la respuesta, se dispusieron medidas inmediatas de prevención y contención en cada caso detectado, que incluyeron la suspensión de actividades escolares cuando fue necesario, la intervención de organismos de protección de derechos y el acompañamiento de equipos técnicos especializados.