Un trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Industrial advierte sobre las consecuencias de la reducción de servicios y funciones del organismo para la industria y la seguridad de los productos.
Facundo Monti, trabajador del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), expresó su preocupación por el proceso de cambios que está atravesando el organismo, el cual, según su visión, podría afectar los controles de calidad de productos, la industria nacional y el empleo. El conflicto tiene como antecedente el decreto 462/25, que en 2025 proponía modificaciones en organismos como el INTI, el INTA y Vialidad Nacional, iniciativa que fue frenada tras un amplio debate social y parlamentario.
Monti sostuvo que, posteriormente, el Gobierno avanzó con una estrategia alternativa que, en su opinión, busca «inmovilizar» la institución y quitarle líneas de trabajo. Uno de los primeros pasos, según su relato, fue transferir el sistema de metrología legal, a lo que se sumó la decisión de discontinuar más de mil servicios tecnológicos vinculados a la industria, incluyendo controles de calidad de alimentos y productos de consumo.
«Dentro de ese ámbito están los controles de calidad que garantizan que los productos no generen riesgos para la salud de la población», remarcó el especialista. Cuestionó además la postura oficial que sugiere que estas tareas pueden ser asumidas por el sector privado, argumentando que «el INTI es un organismo reconocido a nivel internacional en estándares de calidad. No hay superposición real con actores privados».
Respecto al impacto laboral, Monti señaló que muchos trabajadores dedicados a servicios industriales podrían quedar en una situación de incertidumbre, lo que consideró una «antesala de despidos». También planteó que el problema es estructural y afecta al desarrollo del país, ya que «cualquier país que aspire a ser potencia tiene como eje la soberanía tecnológica, y eso lo garantizan organismos como el INTI, el INTA y el CONICET».
Entre las tareas concretas del instituto, detalló: «Nosotros garantizamos que cuando alguien paga un litro de nafta, reciba efectivamente un litro. También controlamos que productos como pilas no tengan componentes tóxicos». Agregó que estos servicios se crearon en función de la demanda del sector productivo.
Actualmente, el organismo cuenta con alrededor de 2.300 a 2.400 trabajadores en todo el país, aunque advirtió que el número podría reducirse por retiros voluntarios ante la incertidumbre. También mencionó el cierre de sedes en distintas provincias, lo que interpreta como parte de una «estrategia de retirada territorial».
Por último, cuestionó los argumentos que minimizan el rol del organismo, concluyendo que «decir que estos servicios no son necesarios es desconocer su importancia para la industria y para la vida cotidiana». El debate pone en discusión el futuro de un organismo histórico, creado en 1957, y su rol en el desarrollo industrial, la seguridad de los productos y la soberanía tecnológica del país.