La Cámara Federal de Casación Penal dispuso avanzar con el decomiso de propiedades de la ex presidenta y sus hijos para cubrir el monto fijado en la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este viernes ejecutar los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, como parte del proceso para recuperar el dinero desviado en la causa Vialidad. La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la actual presidenta del Partido Justicialista y a sus hijos, además de más de 80 inmuebles del resto de los implicados, entre ellos Lázaro Báez y sus empresas.
La decisión, firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, se enmarca en una condena ya firme que incluye la pena de prisión domiciliaria que la ex mandataria cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución y el decomiso de activos para resarcir al Estado. Según lo establecido en la causa, el monto a devolver asciende a cifras millonarias actualizadas con el paso del tiempo.
Los abogados de la ex presidenta y sus hijos se quejaron de la disposición, argumentando que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de su padre, Néstor Kirchner, o recibidos por cesión en 2016, y que algunos fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada. Los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que se encargará de su administración y eventual venta.
La causa Vialidad, por la cual Cristina Kirchner cumple de manera domiciliaria una condena de seis años de prisión, constató un esquema de corrupción con constantes contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez, con sobreprecios y obras inconclusas o deficientes.