El radicalismo pampeano respaldó el amparo colectivo contra la reforma de la Ley de Glaciares, aunque planteó diferencias sobre la vía judicial elegida. El peronismo y la UCR coinciden en rechazar la norma, mientras que el PRO muestra posturas divididas y La Libertad Avanza la respalda.
El radicalismo manifestó este martes su total respaldo al amparo colectivo presentado por el Gobierno de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa y las organizaciones ambientalistas Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos contra la reforma de la Ley de Glaciares, pero mostró diferencias con la estrategia judicial adoptada. El diputado Hipólito “Poli” Altolaguirre (UCR) sostuvo que la presentación debió realizarse directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lugar del Juzgado Federal de Santa Rosa.
De esta manera, el radicalismo y el peronismo pampeano se unieron en rechazo a la ley que podría afectar al río Colorado, del que se abastece el 70% de los pampeanos. En el PRO, en tanto, hay posiciones encontradas, mientras que en La Libertad Avanza —sin representación en la Legislatura provincial— no hay fisuras y se muestran a favor de los cambios.
Altolaguirre dejó clara la posición de la UCR en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura provincial. La comisión sacó dictamen favorable por mayoría, mientras que la minoría decidió fijar posición en el recinto sobre el proyecto de resolución que expresa respaldo político e institucional a la acción de amparo, con el fin de declarar la inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la Ley 27.804, que modifica la Ley 26.639 de Glaciares.
El voto de la mayoría corresponde al peronismo, mientras que la minoría es de la UCR. La reunión fue presidida por Hernán Pérez Araujo (Frejupa). “Esta acción fue presentada el 9 de abril, al día siguiente de la sanción por parte del Congreso”, dijo. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron a Diario Textual que el amparo fue presentado el 24 de abril, horas después de la promulgación de la ley.
“Nosotros vamos a pedir dictaminar este proyecto, que es el firme respaldo político e institucional a esta acción llevada adelante no solo por el Gobierno de La Pampa, sino por nuestra Universidad Nacional y las dos entidades ambientalistas”, agregó Pérez Araujo.
Altolaguirre expresó la postura del bloque radical: “Quiero dejar en claro nuestro rechazo contundente a la Ley 27.804. Coincidimos en que esta reforma de la Ley de Glaciares es regresiva y pone en riesgo al sistema energético que tanto defendemos los pampeanos”. No obstante, aclaró que el eje del debate no radica en el contenido de la norma, sino en la estrategia adoptada. “Hoy no estamos acá para discutir las consignas, sino para evaluar la seriedad de una estrategia judicial que ha decidido llevar adelante nuestra provincia”, dijo.
“Nuestro representante nacional, Daniel Kroneberger, votó en contra de esta ley en el Senado”, recordó. “Pero el proyecto en tratamiento propone un amparo ante la justicia federal local. La Constitución Nacional es clara: cuando una provincia demanda al Estado Nacional por la inconstitucionalidad de una ley que ataca al federalismo, la competencia es originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, afirmó.
Asimismo, advirtió sobre las posibles consecuencias: “Al forzar la vía local, el oficialismo expone a La Pampa a un conflicto de competencias que solo dilatará la protección real de los glaciares. El amparo es para casos manifiestos y corremos el riesgo de que el juez rechace la acción de entrada, entendiendo que se requiere un proceso de debate más amplio”.
El eje de la reforma pasa por una modificación sustancial en el esquema de protección: se transfieren competencias a las provincias, que desde ahora podrán definir sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo o zonas periglaciares quedan alcanzados por la protección. Hasta ahora, la ley sancionada en 2010 establecía parámetros uniformes y consideraba a estos ecosistemas como bienes públicos estratégicos. Con la nueva redacción, las áreas que no sean incluidas bajo los criterios provinciales podrían quedar fuera del régimen específico de protección. Para sectores ambientales y autoridades pampeanas, este punto implica un posible debilitamiento de los estándares vigentes.
El Gobierno pampeano sostiene que la reforma debilita los estándares nacionales de protección y traslada responsabilidades a las provincias cordilleranas, lo que podría facilitar la actividad minera en zonas glaciares.
Por lo pronto, el viernes 24 la Fiscalía de Estado presentó el amparo colectivo. Ahora el juez federal Juan José Baric deberá determinar si es competente o si debe enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.