El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, se negó a declarar ante el juzgado federal, mientras la investigación por presuntas coimas avanza con más de 30 imputados.
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo, quien se encuentra procesado en la causa, se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py pero se negó a declarar ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, según lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.
Durante la mañana trascendió que el exdirector del organismo no realizará declaraciones hasta que se realice la pericia de los audios que motivaron su salida de la Agencia. Tanto Spagnuolo como otros implicados, que pidieron la nulidad de la causa, sostienen que la presunta falsedad de esos audios podría comprometer la investigación.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, también fueron llamados a indagatoria otras 29 personas investigadas, entre las que se encuentran Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de directivos de laboratorios y droguerías.
De acuerdo a lo expuesto por el juez Ariel Lijo, y en línea con lo planteado por el Ministerio Público Fiscal, la organización “habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero” para sus integrantes “de manera ilegal” y en “detrimento del erario público”. “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado”, sostuvo el magistrado.
La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura, en la que también estaría vinculada la secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei. Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa Andis por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público. Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de 75.000 millones de pesos provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.