El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que modifica el esquema de subsidios al gas, limitando el régimen de zona fría. En La Pampa, los descuentos actuales no sufrirían cambios.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que propone cambios en el esquema de subsidios energéticos y, en particular, una reducción del régimen de zona fría, que actualmente beneficia a más de 4 millones de usuarios con descuentos en la tarifa de gas. En La Pampa, en principio, no habría afectados.
El régimen vigente en nuestra provincia contempla descuentos de entre el 30% y el 50% en la factura de gas natural, según la categoría del usuario y su situación socioeconómica. Los sectores más vulnerables acceden al 50%, mientras que el resto de los usuarios residenciales obtiene un 30%.
El esquema de subsidios fue creado en 2002 mediante la Ley 25.565, con alcance inicial en la Patagonia, la Puna y el departamento Malargüe. En 2021, la Ley 27.637 amplió el beneficio a nuevas zonas del país, incluidos municipios de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con vigencia hasta 2031. Estas zonas serán las que ahora serían perjudicadas, en caso de avanzar la iniciativa.
El proyecto ingresó al Congreso con la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y busca reformular la tarifa diferencial en distintas regiones. En el plano político, el oficialismo enfrenta un escenario complejo para su aprobación, ya que necesita apoyos de sectores como la UCR, con influencia en provincias que perderían parte del beneficio.
Uno de los ejes centrales del proyecto es que el régimen se limitará a zonas con efectiva severidad climática. En las áreas incorporadas por la ampliación de 2021, el subsidio pleno quedará restringido a los hogares económicamente vulnerables, según los criterios de segmentación vigentes. Hasta ahora, amplios sectores accedían automáticamente a descuentos del 30% o 50%. Con el nuevo esquema, ese beneficio dejará de ser generalizado y solo recibirán un adicional por zona fría quienes estén incluidos en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El requisito es que los ingresos del hogar no superen el equivalente a tres canastas básicas totales, que en la actualidad superan los 4,3 millones de pesos para una familia tipo, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Además, el subsidio dejará de aplicarse sobre el total de la factura y pasará a calcularse solo sobre el precio del gas, lo que excluye componentes como transporte, distribución e impuestos. Esto implicará una reducción del descuento efectivo, incluso para quienes continúen dentro del régimen.
El Gobierno justificó los cambios en la falta de recursos del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, que se financia con un recargo del 7,5% sobre el precio del gas. Según el texto oficial, ese fondo ya no alcanza para cubrir el esquema vigente, lo que generó deudas con distribuidoras y afectó la cadena de pagos.
El recorte impactará especialmente en las zonas incorporadas por la ley de 2021, donde se eliminará la bonificación general del 50% y se reemplazará por un esquema focalizado. En esas regiones solo mantendrán el beneficio los usuarios que cumplan con los criterios de ingresos. El resto quedará excluido del subsidio. En cambio, las zonas originales (Patagonia, Malargüe y la Puna) mantendrán la bonificación del 50% sin restricciones por nivel de ingresos.
El proyecto también modifica el mecanismo de pago de los subsidios: las compensaciones se abonarán directamente a los productores de gas, en lugar de pasar por distribuidoras, con el objetivo de ordenar la cadena de pagos. A su vez, esos productores actuarán como agentes de percepción del recargo.
En paralelo, el Ejecutivo dispuso una bonificación extraordinaria para mayo, que eleva al 75% el subsidio sobre el consumo dentro del régimen para los sectores de menores ingresos, como forma de amortiguar el impacto de los precios internacionales de la energía. La iniciativa incluye además medidas sobre el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), con un mecanismo para compensar deudas entre el Estado y empresas del sector, y extiende hasta 2045 beneficios fiscales para proyectos de energías renovables.