El máximo tribunal declaró su competencia y dio traslado al Ejecutivo nacional para que responda en 60 días. El gobernador Ziliotto celebró el avance del reclamo por los fondos del Tesoro Nacional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) admitió la demanda presentada por el Gobierno de La Pampa contra el Estado nacional por la distribución de los fondos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y emplazó al Gobierno nacional para que responda el planteo en un plazo de 60 días.
El gobernador Sergio Ziliotto celebró la resolución y expresó en redes sociales: “No abandonamos la defensa del federalismo. Seguiremos reclamando lo que pertenece a las y los pampeanos”. Agregó que la distribución de los ATN no puede ser discrecional y que, por mandato constitucional, debe respetar criterios equitativos, solidarios y automáticos.
La decisión del máximo tribunal implica un avance institucional clave en el reclamo impulsado por la administración pampeana, ya que la Corte se declaró competente para intervenir en la causa y dio traslado de la presentación al Poder Ejecutivo Nacional, que ahora deberá contestar formalmente los argumentos expuestos por La Pampa.
La acción judicial fue promovida en mayo de 2024 por el gobernador Ziliotto a través de la Fiscalía de Estado, encabezada por Romina Schmidt, y con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. La Provincia presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad para reclamar que los recursos del uno por ciento asignado al Fondo de ATN integren la masa de fondos coparticipables y sean distribuidos automáticamente entre las provincias, según lo establece la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.
En la demanda, La Pampa planteó que el Fondo de ATN pertenece a las provincias y que el Estado nacional tiene la obligación legal y constitucional de distribuir esos recursos para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros provinciales. La presentación sostiene que, en el actual contexto de crisis económica, el Gobierno nacional “se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen”, incumpliendo la obligación de distribución prevista por la normativa vigente.
El reclamo pampeano se concretó en mayo de 2024, cuando el Gobierno nacional retenía cerca de 397 mil millones de pesos correspondientes a las provincias, profundizando el ahogo financiero de los estados federales. La administración nacional solo había transferido aproximadamente 10.300 millones de pesos a unas pocas jurisdicciones, una cifra considerada mínima en relación con el total acumulado.
La demanda también destacó que la última distribución masiva de ATN ocurrió en noviembre de 2023, cuando el anterior Gobierno nacional dispuso el envío de 131 mil millones de pesos al conjunto de las 24 jurisdicciones federales. La acción presentada por La Pampa cuestiona además el deterioro progresivo del federalismo fiscal y advierte sobre una creciente concentración de recursos en manos del Estado nacional.
El escrito sostiene que la actual dinámica de distribución contradice los principios establecidos por la reforma constitucional de 1994, que incorporó al artículo 75 inciso 2 el criterio de una distribución equitativa, solidaria y automática de los recursos coparticipables. Asimismo, la Provincia argumentó que la asignación de los ATN quedó sujeta a “la discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo Nacional”, sin parámetros objetivos de reparto.
Con la resolución conocida ahora, la Corte Suprema dio un primer paso concreto en el tratamiento del planteo formulado por La Pampa y abrió formalmente el proceso judicial para determinar si el Estado nacional incumplió con las obligaciones constitucionales y legales vinculadas a la distribución de los ATN.