Ediles del peronismo local denunciaron ajustes laborales, presunta persecución política y privilegios en el Ejecutivo municipal, además de criticar la delegación de servicios esenciales y la ausencia oficial en un evento deportivo.
Los concejales del peronismo de La Adela, Carlos Pereyra y Erminda Birge, emitieron un comunicado en el que cuestionan con dureza la gestión del intendente Federico Moro (Pro). En el documento, denuncian un supuesto ajuste sobre trabajadores municipales, “persecución ideológica” y “privilegios” dentro del Ejecutivo local.
Según los ediles, en las últimas semanas se produjeron desvinculaciones de empleados que “no pueden explicarse desde criterios administrativos serios” y que responderían a una lógica de reemplazo por afinidad política. “Hay que acomodar a los propios”, habría sido una expresión circulante dentro del municipio, según afirmaron.
Asimismo, criticaron el traspaso del servicio de agua potable y cloacas a la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de La Adela (Ceospla), al considerar que implica un recorte encubierto de personal y una pérdida de capacidad operativa del municipio. “La prestación de servicios esenciales no puede delegarse sin fundamentos técnicos claros, sin transparencia y sin dar explicaciones a la comunidad”, sostuvieron.
Los concejales también señalaron contradicciones entre la declaración de “Emergencia Administrativa” y la continuidad de funcionarios contratados que, según indicaron, perciben otros ingresos estatales. “Se ajusta sobre trabajadores municipales mientras se sostienen privilegios”, cuestionaron.
En otro tramo del documento, criticaron la ausencia de áreas municipales durante el Round 3 del Motocross Pampeano, realizado en La Adela el 2 y 3 de mayo, a pesar del movimiento económico y turístico generado. “Ni la Secretaría de Turismo ni la de Deportes estuvieron presentes. Ningún acompañamiento institucional”, remarcaron.
Finalmente, exigieron al intendente Moro “explicaciones públicas y claras” sobre las decisiones vinculadas al personal municipal, la delegación de servicios esenciales y la política de contrataciones. “Gobernar no es disponer de los recursos y de las personas según conveniencias políticas; es administrar con responsabilidad, coherencia y sentido de justicia”, concluyeron.