El Gobierno pampeano, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asociación de los Ríos Pampeanos presentarán una apelación ante la Cámara Federal de Bahía Blanca contra la resolución del juez Juan José Baric que rechazó la medida cautelar para frenar la reforma de la Ley de Glaciares.
El Gobierno de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asociación de los Ríos Pampeanos presentarán en las próximas horas una apelación a la resolución del juez federal Juan José Baric, que rechazó la medida cautelar para frenar la reforma de la Ley de Glaciares. Según fuentes de Casa de Gobierno, la presentación se concretaría entre este lunes y martes, y luego deberá intervenir la Cámara Federal de Bahía Blanca.
El viernes pasado, el juez Baric rechazó el pedido de suspensión de la nueva Ley 27.804, aprobada por el Congreso nacional, pero declaró formalmente procedente el amparo colectivo ambiental y ordenó correr traslado al Estado nacional. Así, la reforma no fue suspendida, aunque se analizará si es inconstitucional.
En su resolución, el magistrado consideró que no estaban acreditados los requisitos necesarios para una medida cautelar. Sostuvo que no existe una demostración suficiente de un daño ambiental concreto e inminente, que la ley fue impugnada “en abstracto” y que los demandantes no identificaron proyectos mineros concretos ni glaciares específicos afectados. Además, remarcó que suspender cautelarmente una ley nacional con efectos generales afectaría el principio de división de poderes, citando el antecedente de la Corte Suprema en el caso “Thomas”.
El abogado Andrés Gil Domínguez, apoderado del Gobierno provincial en esta causa, adelantó los argumentos de la apelación: “Mientras se discute una causa ambiental, tiene que dictarse una medida cautelar, mucho más cuando se trata de un bien cuya afectación es irreversible y pertenece a toda la sociedad”. Gil Domínguez afirmó que el fallo desconoce la protección ambiental y los principios de prevención y precaución, y destacó que La Pampa es especialmente vulnerable por la escasez hídrica: “El único río que hoy tiene es el Colorado. De ese río sale un acueducto que abastece a toda la provincia y ese río viene de los glaciares”.
La demanda fue impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto, la fiscal de Estado Romina Schmidt, la UNLPam, la Fundación Chadileuvú y la Asociación por los Ríos Pampeanos. Cuestionan la constitucionalidad de la Ley 27.804, sancionada el 9 de abril, por considerar que habilita proyectos mineros o hidrocarburíferos en la zona donde nacen los afluentes del río Colorado. Según los demandantes, la norma modifica aspectos centrales de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares y representa un “retroceso ambiental” porque reduce áreas protegidas, flexibiliza prohibiciones y descentraliza controles ambientales en favor de las provincias.
Más allá del rechazo de la cautelar, el juez declaró admisible el amparo colectivo ambiental y ordenó al Estado nacional presentar un informe circunstanciado en un plazo de cinco días. También confirmó la inscripción del expediente en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema.