Organizaciones ambientalistas nacionales, con el respaldo de 850 mil firmas, presentaron una acción colectiva ante la Justicia Federal de La Pampa contra la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa fue expuesta en la UNLPam y busca la declaración de inconstitucionalidad de la norma.
Representantes de organizaciones ambientalistas nacionales afirmaron en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) que la demanda colectiva presentada ante el Juzgado Federal de Santa Rosa contra la reforma de la Ley de Glaciares constituye una acción “inédita” y “la más grande de la historia” argentina en defensa del agua, con el respaldo de 850 mil firmas de ciudadanos de todo el país.
En la charla “Glaciares, por nuestro futuro, intocables. Agua y minería” disertaron, entre otros, Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. La jornada comenzó a las 17 con una conferencia de prensa en el tercer piso de la UNLPam y continuó a las 18.30 con la charla abierta en el salón del Consejo Superior de la casa de estudios.
Durante la actividad, los referentes explicaron que la presentación judicial fue impulsada por organizaciones ambientales, asambleas ciudadanas y Greenpeace Argentina para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la reforma aprobada por el Congreso nacional y pedir la suspensión inmediata de su aplicación. “Un conjunto de organizaciones, entre las que estamos aquí los presentes, más Greenpeace Argentina y un conjunto de asambleas de todo el país, hemos presentado ante la Justicia Federal de La Pampa una acción colectiva en defensa de los glaciares y planteando la inconstitucionalidad de la reforma aprobada por el Congreso”, señalaron.
Los ambientalistas sostuvieron que existe un “peligro inminente” de que comiencen actividades que afecten zonas glaciares y periglaciares. “Si afectan los glaciares, afectará la naciente de los ríos y muchas provincias que no son aquellas en las que están las inversiones mineras pueden sentirse afectadas”, advirtieron. “Esperamos, por supuesto, una respuesta consistente del Juzgado Federal de La Pampa, en virtud de que la ley es abiertamente inconstitucional”, contaron.
Consultados sobre la diferencia con la presentación realizada por la Provincia de La Pampa, junto a la UNLPam y dos organizaciones defensoras de los ríos pampeanos, los referentes explicaron: “Nosotros lo hacemos desde la sociedad civil, junto a organizaciones de todo el país y también con el acompañamiento -y esto es algo inédito- de 850.000 personas. Es decir, es la demanda colectiva por el agua más grande de la historia y desde ese lugar lo hacemos, ante la Justicia Federal, donde estamos pidiendo que se resguarde donde nacen los ríos de nuestro país. Es una reforma manifiestamente inconstitucional y que pone en peligro inminente el agua, nada más y nada menos que eso. Y es complementaria a la acción de la provincia y van a actuar en conjunto, por supuesto, pero tienen sus particularidades”.
En cuanto a la inconstitucionalidad, señalaron que la reforma viola la Constitución Nacional en varios aspectos: “En primer lugar, por ser regresiva ambientalmente, es decir, porque retrocede en protección ambiental. Y, en segundo lugar, fundamentalmente, porque viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece las leyes de presupuesto mínimo de protección ambiental. Esta reforma destruyó la columna vertebral de todo el sistema normativo ambiental de nuestro país”.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, recibió a los disertantes y destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones, organizaciones ambientales y sectores académicos en defensa de los recursos naturales y del patrimonio hídrico. “Compartimos el objetivo común de proteger el ambiente para las futuras generaciones”, aseguró el mandatario. Participaron del encuentro Enrique Viale, Andrés Nápoli, Elsa Díaz, Beatriz Dillon, Héctor Gómez, Norma Araujo, Leandro Altolaguirre, Vanina Basso y Romina Schmidt.
La defensa de la Ley de Glaciares derivó en dos presentaciones judiciales radicadas en el Juzgado Federal de Santa Rosa. Por un lado, el Gobierno de La Pampa, junto a la UNLPam, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, promovieron un amparo colectivo ambiental. En paralelo, organizaciones ambientalistas nacionales impulsaron otra acción colectiva con adhesiones de ciudadanos de distintos puntos del país.
Este martes 12, el Estado provincial, junto con la UNLPam, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, presentó un recurso de apelación contra el rechazo de la medida cautelar dispuesto por el Juzgado Federal de Santa Rosa. La presentación será elevada a la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. La apelación sostiene que el rechazo incurre en un “error sustancial” porque omitió analizar el caso desde una perspectiva ambiental y no aplicó principios del derecho ambiental, como el principio precautorio, el de prevención y el de no regresión.
El juez Baric consideró la semana pasada que no estaban acreditados los requisitos necesarios para una medida cautelar, al sostener que no existe una demostración suficiente de un daño ambiental concreto e inminente, que la ley fue impugnada “en abstracto” y que los demandantes no identificaron proyectos mineros concretos ni glaciares específicos afectados por la reforma legal.