La diputada provincial Noelia Sosa evalúa presentar una denuncia penal contra el gobernador Sergio Ziliotto y otros funcionarios por el frustrado pliego licitatorio del yacimiento El Medanito, tras el archivo de una denuncia administrativa por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
La diputada provincial Noelia Sosa (peronismo, sector de Carlos Verna) analiza la posibilidad de acudir a la Justicia Penal para denunciar al gobernador Sergio Ziliotto y otros funcionarios por el frustrado pliego licitatorio del yacimiento El Medanito. La legisladora había presentado una denuncia administrativa en diciembre pasado ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que fue archivada.
La FIA resolvió archivar la denuncia al concluir que “no surgen elementos para considerar que los integrantes de la Mesa Interinstitucional hayan cometido una irregularidad o ilícito administrativo” en la elaboración del pliego. El organismo sostuvo que las decisiones cuestionadas fueron adoptadas por “un órgano colegiado legalmente constituido” y que el sistema de medición previsto “se ajusta a las prácticas habituales” de la industria hidrocarburífera.
La denuncia de Sosa cuestionaba una presunta manipulación de datos vinculados al software Sahara, utilizado para proyectar curvas de producción, y la falta de incorporación de caudalímetros multifásicos para medir la extracción pozo por pozo. La FIA incorporó un informe técnico de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que concluyó que el software Sahara “no es apto para medición fiscal de hidrocarburos”, aunque aclaró que se utiliza para modelado y diagnóstico de reservas. Los expertos señalaron que el mecanismo previsto en el pliego resultaba habitual en la industria si era complementado con mediciones fiscales reales y auditorías, y que la alternativa impulsada por Sosa era “factible”, pero “no viable económicamente y técnicamente” para un yacimiento de la magnitud de El Medanito.
La licitación fue declarada desierta mediante el decreto 114/26, luego de que el 9 de febrero de 2026 no se presentaran ofertas. La fiscalía entendió que nunca existió adjudicación ni entrada en vigencia del pliego cuestionado, por lo que no se produjo el perjuicio denunciado.
Pese al archivo, Sosa insistió en sus cuestionamientos y afirmó que el dictamen pericial “da total fundamento” a sus planteos. En un comunicado, la legisladora señaló que analiza acudir al fuero penal, haciendo referencia al artículo 248 del Código Penal, que tipifica el delito de abuso de autoridad. “Ante la contundencia del dictamen pericial que da total fundamento a los motivos de la denuncia, y atendiendo a que administrativamente la cuestión se encuentra zanjada, nos encontramos analizando la posibilidad de acudir a la Justicia Penal”, escribió.
Los diputados Daniel Lovera y Hernán Pérez Araujo, alineados con el vernismo, evitaron pronunciarse cuando fueron consultados. Desde la Legislatura, fuentes desmintieron que el exgobernador Carlos Verna avale la movida. Tampoco encontró eco en la UCR y el Pro, sectores también apuntados por Sosa en su cuestionamiento a la licitación.