miércoles, 20 mayo, 2026
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Diputado boliviano denunció envío de gases lacrimógenos desde Argentina

El diputado Rolando Pacheco afirmó que aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina transportaron material represivo a Bolivia bajo apariencia de ayuda humanitaria. El gobierno argentino sostuvo que se trató de un puente logístico aéreo para distribución de alimentos.

El diputado boliviano por la Alianza Popular, Rolando Pacheco, afirmó que aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina habrían transportado cargamentos de gases lacrimógenos a Bolivia, bajo la apariencia de ayuda humanitaria, para reforzar la represión estatal contra las protestas sociales en el país.

Según el legislador, la información provino de “militares patriotas” bolivianos, quienes alertaron sobre dos vuelos en los que, además de la asistencia alimentaria oficializada por el gobierno argentino, se habría trasladado material represivo. Pacheco enfatizó que este ingreso de naves militares extranjeras no contó con la autorización de la Asamblea Plurinacional, calificando el hecho como una violación inconstitucional.

Por su parte, el gobierno de Javier Milei mantuvo la versión oficial de que el despliegue del avión Hércules C-130 responde a un pedido de colaboración del Estado Plurinacional de Bolivia para realizar un “puente logístico aéreo” destinado a la distribución de alimentos e insumos esenciales ante el desabastecimiento provocado por los bloqueos de rutas.

Esta denuncia surge en un momento crítico para el gobierno de Rodrigo Paz, quien asumió el mando en noviembre de 2025. Bolivia atraviesa una situación social caracterizada por bloqueos masivos en las principales rutas del país liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos y sectores mineros.

Las protestas tienen que ver con demandas económicas: los manifestantes reclaman mejoras salariales (un aumento del 20%), soluciones ante la falta de empleo y la escasez crítica de combustible, además de cuestionar las políticas sobre hidrocarburos y el manejo del litio. El gobierno respondió con el despliegue de más de 3.500 efectivos policiales y militares para despejar las rutas mediante el uso de gases lacrimógenos y, según denuncian sectores opositores, balas, dejando un saldo de múltiples heridos.

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