Empleados y profesionales de la agencia local de Pami en General Pico hicieron pública una denuncia por violencia laboral y maltrato, que habría derivado en un masivo pedido de licencias psiquiátricas. Apuntan contra la responsable local, Sofía Mascaró.
Trabajadores de la agencia de la obra social Pami de General Pico denunciaron públicamente situaciones de violencia laboral y maltrato por parte de las autoridades. Concretamente, apuntaron contra la abogada Sofía Mascaró, responsable local del Pami. La acusaron de ejercer violencia y maltrato laboral y de haber originado un masivo pedido de licencias psiquiátricas, tanto de empleados como de profesionales. También advirtieron sobre el presunto conflicto de intereses que supone ser hija de dos médicos prestadores.
Los denunciantes estimaron que un 35 por ciento de los integrantes de la delegación piquense, donde se desempeñan un total de 14 empleados y profesionales, han recibido licencias médicas y se encuentran medicados. Y responsabilizan por ello a las actitudes violentas de Mascaró.
En el documento que hicieron público en las últimas horas y que difundió el portal Maracó Digital, trabajadores y profesionales de la agencia local del Pami denunciaron “una situación insostenible de violencia laboral, maltrato cotidiano y persecución ideada por la conducción de la delegación” de la obra social. “La gravedad del clima laboral ha vaciado áreas críticas del Centro de Atención al Público, dejando la atención de los jubilados en una situación de extrema vulnerabilidad”, afirmaron.
“Actualmente, un porcentaje inédito del personal se encuentra bajo licencia psiquiátrica prolongada, otorgada por diferentes especialistas de General Pico y Santa Rosa debido a cuadros severos de estrés y ansiedad”, revelaron. “La ola de licencias de personal de carrera incluye renuncias efectivas de profesionales médicos y administrativos, que manifestaron la imposibilidad de retornar a sus puestos bajo las condiciones actuales de hostigamiento”.
Los integrantes de la delegación que resolvieron hacer pública la grave situación pidieron anonimato “por temor a represalias directas”. Además, sostuvieron que la jefatura de la agencia -a cargo de una profesional sin experiencia laboral previa- “impone de manera sistemática criterios personales por encima de las normativas internas y resoluciones vigentes del instituto”.
Quienes se desempeñan en la oficina señalaron que ante cualquier disidencia o consulta técnica “la respuesta patronal se limita a amenazas de sanciones o invitaciones abiertas a la renuncia”. Los afectados ya recurrieron a la Dirección de Recursos Humanos de Pami para activar los protocolos correspondientes ante situaciones de violencia laboral. Sin embargo, afirmaron que las respuestas institucionales consistieron en presiones para firmar “consentimientos de convivencia” en buenos términos, minimizando las denuncias de maltrato sistemático, como una forma de cubrir las decisiones de Mascaró, una abogada de unos 30 años, prácticamente sin experiencia, que se unió a La Libertad Avanza.
Los trabajadores revelaron también que “ante el rechazo a las alternativas ofrecidas, los expedientes fueron derivados a asesoría legal y recursos laborales, sin que hasta el momento se apliquen medidas de resguardo para las víctimas”. “Las juntas médicas del organismo a nivel central han manifestado su incertidumbre respecto a los plazos de autorización de las licencias, mientras que el 80 por ciento del personal local restante asiste a cumplir tareas con un profundo temor a perder su fuente de trabajo en un contexto socioeconómico complejo”.
Asimismo, los denunciantes advirtieron sobre un presunto “blindaje político” de la funcionaria, debido a su rol partidario activo como vicepresidenta de La Libertad Avanza en la provincia, lo que explicaría la inacción de las autoridades centrales de Pami para intervenir la agencia. “Frente a la parálisis interna del organismo, los trabajadores damnificados confirmaron que realizarán presentaciones formales ante el ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo para exigir el cese inmediato del hostigamiento y garantizar el derecho a un ambiente laboral libre de violencia”.
A la par de las denuncias por maltrato, las mismas fuentes señalaron a Maracó Digital una presunta y grave incompatibilidad funcional: la jefa de la oficina local, Sofía Mascaró de Garate, es hija de un cardiólogo piquense y de una médica propietaria del instituto de diagnóstico por imágenes más reconocido de la ciudad, DIM, siendo ambos importantes prestadores activos de la obra social Pami. La situación genera una abierta contradicción con la Ley de Ética Pública, dado que la funcionaria tiene bajo su órbita la gestión, auditoría y control de las prestaciones y derivaciones que benefician directamente al patrimonio de su núcleo familiar. Eso explicaría -aseguraron- el sistemático hostigamiento hacia el personal administrativo y médico de carrera que intenta aplicar los reglamentos vigentes.