El Fondo Monetario Internacional publicó su segunda revisión del artículo IV, donde incluyó observaciones sobre la necesidad de fortalecer los marcos anticorrupción y la transparencia en Argentina, en el marco del desembolso de US$ 1.050 millones.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la segunda revisión del artículo IV, que aprobó un desembolso de US$ 1.050 millones para Argentina. En el informe, el organismo señaló que “es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención, ya que los regímenes de declaración de activos se caracterizan por una verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual”.
El documento incluye un apartado específico (Box 9) sobre los “recientes progresos” contra la corrupción. Allí se indica que Argentina obtuvo una puntuación de 36 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción para 2025, según Transparencia Internacional. Además, se menciona que “la declaración sobre el clima de inversión de Estados Unidos y otros indicadores señalan la persistencia de estos desafíos”.
El FMI también señaló que “las normas sobre conflictos de intereses siguen limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación”. Añadió que “la percepción de una independencia judicial limitada y la politización siguen siendo motivo de preocupación, ya que las evaluaciones internacionales y los observadores nacionales continúan señalando demoras en casos de alto perfil y una rendición de cuentas limitada para los altos funcionarios”.
El organismo recordó que adoptó en 2018 un Marco de Gobernanza y Anticorrupción, que permite evaluar cómo las debilidades institucionales pueden afectar la economía de un país. Este marco incluye aspectos como las declaraciones juradas patrimoniales, la independencia judicial y el índice de percepción de corrupción.
En el plano local, el plazo para la presentación de declaraciones juradas, que vencía el 30 de mayo, fue prorrogado por el Ejecutivo hasta el 31 de julio. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aún no presentó su balance patrimonial, en medio de informaciones sobre nuevos inmuebles no declarados previamente.
En el ámbito financiero, el FMI señaló que “continúan los esfuerzos para monitorear los riesgos emergentes derivados del deterioro de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, así como de la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión”. También indicó que “se está fortaleciendo la supervisión de las instituciones financieras no bancarias” para “garantizar condiciones regulatorias más equitativas y monitorear adecuadamente el rápido crecimiento de la actividad fintech, donde los préstamos en mora son muy elevados”. Esto coincide con datos del Banco Central que muestran una morosidad de los hogares del 11,5% en marzo, un aumento de más de 8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025.