La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidida por Daniel Lovera, emitió dictamen favorable por mayoría sobre proyectos de incentivos fiscales para educación técnico-profesional, creación del Parque de Actividades Económicas de General Pico y financiamiento del Instituto de Seguridad Social (ISS).
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidida por Daniel Lovera, emitió dictamen favorable por mayoría sobre una serie de proyectos vinculados con incentivos para la educación técnico-profesional, la creación del Parque de Actividades Económicas de General Pico y el financiamiento del Instituto de Seguridad Social (ISS). La oposición fijará su posición durante el tratamiento en el recinto.
Participaron de la reunión el ministro de Hacienda y Presupuesto, Guido Bisterfeld; la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger; la subsecretaria de Industria, Comercio y Pymes, Vanina Fernández; y el director ejecutivo de I-Comex, Sebastián Lastiri.
En primer término, obtuvo dictamen favorable por mayoría el proyecto que amplía los incentivos fiscales previstos en la Ley 3304. La ministra Feuerschvenger sostuvo que la iniciativa apunta a “generar una herramienta que favorezca la articulación y la sinergia entre el sistema público y privado”. “Nosotros buscamos tender puentes entre las escuelas técnicas, y cuando hablo de escuelas técnicas hablo de todo el universo que abarca la educación técnico-profesional”, expresó.
La funcionaria explicó que actualmente existe una vinculación entre estudiantes y empresas a través de las prácticas profesionalizantes, aunque consideró que aún falta profundizar esa relación mediante la implementación de un Crédito Fiscal Provincial. Además, destacó el trabajo del Consejo Provincial de Educación, Producción y Trabajo (Copetyp). “Esta propuesta no implica que el sector privado sostenga la educación pública”, aclaró. “Se trata de una sinergia que permita cumplir objetivos comunes y garantizar que las escuelas técnicas desarrollen proyectos que, mediante esta herramienta, puedan crecer en entornos formativos y de capacitación, aportando al desarrollo socioproductivo de la provincia”.
Feuerschvenger también recordó que la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional contemplaba una asignación equivalente al 0,2 % del Producto Bruto Interno para las escuelas técnicas, disposición que fue eliminada del presupuesto nacional. “Creemos que esta herramienta va a favorecer el desarrollo de proyectos y la inserción de las escuelas técnicas en la sociedad, con el aporte que pueden realizar”, afirmó. La ministra resaltó además los resultados obtenidos mediante las prácticas profesionalizantes, mencionando experiencias con Toyota donde estudiantes y egresados accedieron a puestos de trabajo e instancias de capacitación en Japón.
La iniciativa prevé, una vez sancionada la ley, un procedimiento que incluirá convocatoria, presentación y evaluación de proyectos, firma de convenios, ejecución de inversiones y rendición correspondiente, con participación de los ministerios involucrados, instituciones educativas y empresas patrocinadoras.
También obtuvo dictamen favorable por mayoría el proyecto para crear el Parque de Actividades Económicas de General Pico. La subsecretaria Vanina Fernández explicó que la propuesta tiene como antecedente la Ley Provincial Nº 3354 y destacó que el proceso ya registra avances técnicos con asistencia del Consejo Federal de Inversiones. “Hoy estamos en una instancia donde hemos avanzado técnicamente con asistencia del Consejo Federal de Inversiones para planificar el desarrollo de esta área industrial, comercial y de servicios”, señaló. “Se trata de definir cómo trabajar con el sector privado para su desarrollo y para la radicación de nuevas empresas”, sostuvo.
Por otra parte, la comisión emitió dictamen favorable por mayoría al proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a utilizar fondos específicos para financiar al Instituto de Seguridad Social. El ministro Guido Bisterfeld explicó que la iniciativa responde a dos factores: el incumplimiento por parte del Gobierno nacional de lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Presupuesto, que obliga a la Anses a remitir anticipos mensuales para cubrir déficits previsionales futuros, y la situación financiera de las rentas generales. “Era la única provincia que cumplía ese requisito y, aun así, no nos envían los fondos”, afirmó.
Bisterfeld señaló que el Gobierno provincial realizó reclamos formales sin obtener respuestas favorables. Aclaró que los 5.000 millones de pesos mensuales que recibe la provincia por el acuerdo ante la Corte Suprema no ingresan al ISS, sino que se incorporan a la masa coparticipable. “Hoy tenemos una estrechez financiera que no nos permite hacer frente a las solicitudes de asistencia que realiza el Instituto”, sostuvo, atribuyendo el escenario al incumplimiento nacional y a la caída de la recaudación. Recordó que en 2024 se utilizó una autorización similar para afrontar el pago del medio aguinaldo, con fondos restituidos a comienzos de enero. Precisó que los recursos alcanzados corresponden a tributos coparticipables que antes integraban el Impuesto a las Ganancias y tienen asignación específica para obra pública. “Solicitamos la autorización para poder asistir financieramente al Instituto y luego devolver esos fondos en tiempo y forma”, concluyó.