*Por Agustín Carballo
El femicidio de Bárbara Cecilia Prieto, de 24 años, que fue interceptada cuando iba a estudiar para ser maestra, conmovió al departamento de Rivera, en Uruguay. Todo derivó en la detención de su femicida, que fue imputado en la tarde del miércoles. La investigación continúa y se busca esclarecer las circunstancias en las que se dio el asesinato tras confirmar que existió abuso sexual previo al crimen.
El hombre de 20 años fue imputado por homicidio muy especialmente agravado y femicidio, y deberá cumplir con un plazo de 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.
La fiscal de Rivera encargada del caso, Alejandra Domínguez, explicó luego de la audiencia en conferencia de prensa que este tipo de delitos pueden tener una pena de entre 15 a 30 años de prisión, pudiendo sumarse otros 15 años de medidas limitativas.
El director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, había indicado en la tarde del miércoles que contaban con “imágenes que ubican al joven con la víctima” y agregó que “algunas pruebas demoran un poco más” en ser periciadas debido “a su naturaleza”.
El principal sospechoso, según informó Canal 10, se encontraba en libertad a prueba por un delito de hurto, condición que ya había incumplido y por la cual estaba fijada una audiencia para revocarle la medida.
La fiscal del caso explicó durante la conferencia que la víctima y el agresor no se conocían entre sí. Luego relató que el cuerpo de la joven contaba con varios cortes realizados con arma blanca, cuyas heridas habrían provocado la muerte.
Bárbara salió de su casa para estudiar el pasado martes, pero nunca volvió. Su hermano, de 23 años, presentó una denuncia en una seccional policial cercano a las 19 horas debido a que, según dijo a la Policía, ella no se ausentaba sin comunicarse durante tantas horas.
Personal del Centro de Comando Unificado Departamental hizo una revisión de las cámaras correspondientes al camino que usualmente tomaba la joven hacia su centro de estudios -el Instituto de Formación Docente– y encontró una situación sospechosa.
Al concurrir a la zona del antiguo shopping Melancia, donde fue vista por última vez a través de las cámaras, los efectivos realizaron un rastrillaje en el que se pudo encontrar las pertenencias y documentos de Prieto. Cerca de allí, se encontraba su cuerpo ya sin vida.
Según pudo saber El País, a los pocos minutos fue ubicado, detenido y puesto a disposición de Fiscalía, el joven de 20 años ahora imputado. También fueron detenidas otras dos personas, a quienes se consideraba como sospechosas, aunque horas más tarde quedaron en libertad.
Repercusión
La Asociación de Maestros de Rivera (Amder) convocó a una marcha en la que familiares, compañeros y allegados a la joven se movilizaron de forma pacífica pidiendo justicia. “Somos el grito de las que ya no están”, decía la publicación en su cuenta de Facebook.
Al momento en el que el imputado se retiraba de la sede judicial, la multitudinaria marcha se encontraba concentrada afuera y separada por vallas, según puede verse en un video compartido por el medio local Hora Uno.
Nelson da Rosa, pastor de Rivera en una iglesia a la que acudía Prieto, dijo a la prensa que los manifestantes están “tristes e indignados por la crueldad con la que fue arrancada” la vida de la víctima. Por su parte, el hombre relató que la familia de la joven fallecida también participó de la movilización aunque “no tenían palabras y estaban muy arrasados”.
Además, contó que tanto la víctima, al igual que sus hermanos, concurrían a la comunidad hace unos tres años, donde también se desempeñaban como músicos. “Nos preocupa mucho lo que está sucediendo en la ciudad”, reflexionó Da Rosa, quien concluyó con que “las autoridades deben tener en cuenta que mucha gente vive intranquila e insegura”.
Según datos oficiales recabados por Fiscalía -de los que se lleva registro desde 2019-, el departamento de Rivera es el que cuenta con mayor tasa de personas imputadas por homicidio cada 10.000 habitantes. Desde 2019 hasta 2023, se registraron 151 personas imputadas por este delito, lo que representa una tasa de 15 cada 10.000 habitantes.
Fuentes vinculadas a investigaciones recientes en Rivera dijeron a El País que muchas de esas personas cometieron estos delitos en el marco de un conflicto entre bandas de la frontera que lleva varios años azotando Rivera.
“De igual manera se ha visto una escalada en la violencia a nivel general que lleva a que no solo los miembros de las bandas cometan estos delitos”, agregaron las fuentes. Con respecto a delitos sexuales, en los últimos cinco años hubo 160 personas imputadas en el departamento, que cuenta con la cuarta tasa más alta del país junto con Artigas.