El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por una presunta administración fraudulenta de fondos que la organización recibió del Estado como parte del Plan Potenciar Trabajo. La sospecha es que el Polo Obrero usó “facturación apócrifa” y simuló “gastos no concretados” para “disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos” recibidos del Estado, sostuvo Casanello.
Según la hipótesis del juez, “lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.
En paralelo, en otra causa, Casanello le ordenó al Gobierno que presente el “stock” actual de alimentos de varios depósitos que detalló y le pidió que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas [al juzgado]”.
En cuanto a la causa en la que se dispuso la indagatoria de Belliboni, el expediente se inició por denuncias de beneficiarios del Potenciar Trabajo que dijeron que los obligaban a ir a las marchas si querían conservar sus planes. La investigación judicial encontró pruebas que ratificarían estas denuncias, pero que, además, acreditarían un desvío de los fondos que el Polo Obrero recibía como unidad de gestión del Potenciar Trabajo.
Belliboni, que deberá presentarse a declarar el 25 de junio próximo a las 9, integra una lista de citados a indagatoria que son, en total, 23. La nómina está formada además por otros dirigentes del Polo Obrero y dos grupos de personas asociadas bajo la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza. En el caso de estas dos últimas agrupaciones, las indagatorias no incluyen la sospecha de la administración fraudulenta de los fondos; sí, de extorsión y amenazas a los beneficiarios de planes.
La citación a Belliboni se debe a que firmó convenios con el Estado y presentó rendiciones de cuentas del Polo Obrero como “unidad de gestión” del Potenciar Trabajo, informaron fuentes de la causa. El juez relata en su resolución de hoy que el rol de esas unidades era “garantizar y hacer posible, a través de propuestas productivas, la inclusión social de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social y económica”.
Las unidades de gestión, por un lado, controlan que se cumplan los requisitos para acceder o conservar el plan (que los beneficiarios cobran con sus tarjetas); por otro lado, reciben ellas dinero del Estado con el fin de armar la estructuras y sostener proyectos para colaborar a la reinserción laboral.
“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas “Asociación Polo Obrero” y “Cooperativa El Resplandor Ltda.”, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa ‘Potenciar Trabajo”, dijo el juez.
“Ello resulta de la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos. Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, afirmó.