La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo falló esta semana a favor de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) con una medida cautelar que pidió la reincorporación de un trabajador trans despedido durante el Gobierno de Javier Milei, que cumplía funciones en la Administración Pública Nacional, amparado en la Ley de Cupos. «Estamos frente a un avance significativo de la lucha que los estatales llevamos adelante contra el ajuste que en el sector público impulsa el Gobierno Nacional», celebró el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar.
Según precisó el gremio en un comunicado, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se pronunció sobre la causa Nº19483/2024/CA1 presentada en el Juzgado Nº15, que analizó el caso de un trabajador que prestó servicios en el Estado desde marzo del 2021 hasta el pasado 21 de marzo 2024, «cuando el organismo público adoptó la arbitraria e ilegal determinación de no renovar su contrato», informó ATE.
Se trata de la primera resolución de este estilo durante la gestión de Javier Milei, puntualizó el comunicado, que señaló que se espera que en los próximos días puedan firmarse nuevas cautelares a partir de las presentaciones judiciales realizadas por el sindicato, las cuales se suman a las medidas de fuerza dispuestas para afrontar las políticas de ajuste y desguace del Estado.
El reciente fallo, indicó ATE, «sienta un precedente importante en la lucha por el respeto al cupo y contra la continuidad de tal statu quo del paradigma de binariedad heteronormativa, factor que amenaza los derechos reconocidos en los artículos 14 bis, 43, 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Protocolo de San Salvador, en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, en los Principios de Yogyakarta, en el Código Civil y Comercial de la Nación, en la Ley de Identidad de Género 27.643, en la Ley 27.636 Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas travestis, transexuales y transgénero Diana Sacayán Lohana Berkins, en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y en el CCT ANSES 305/98 ‘E'».
También pone de manifiesto «el severo perjuicio en la salud física, psíquica o social del ser humano afectado por el despido, y reconoce la condición integrante de un colectivo desaventajado, históricamente oprimido en referencia a la estratificación social, emplazado en un sitio de lamentable desigualdad estructural”, remarcó el gremio.
«Un avance significativo»
El secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la noticia en sus redes sociales donde dijo que «estamos frente a un avance significativo de la lucha que los estatales llevamos adelante contra el ajuste que en el sector público impulsa el Gobierno Nacional».
La Justicia, destacó el referente gremial, «comienza a darnos la razón y demuestra la absoluta ilegalidad que tienen los despidos masivos impulsados por Javier Milei» en el sector público.
En ese sentido, Aguiar subrayó “la importancia que el Poder Judicial funcione como órgano de contralor de los otros poderes del Estado, sobre todo de aquellas garantías y obligaciones que contrajo el Estado argentino con la firma de muchos tratados internacionales que protegen a estos grupos de personas”.
La resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, reconoció Aguiar, «nos genera optimismo a la hora de revertir un escenario de cesantías masivas que resienten todos los servicios estatales y se traducen en una enorme pérdida de derechos para la población».
La decisión judicial también «es muy importante porque además de la estabilidad en el empleo público como un derecho constitucional fundamental cuya violación venimos denunciando en todos estos meses, ahora se especifica con claridad el daño para la salud física y psíquica, y además el daño social que estas cesantías masivas generan en los trabajadores”, añadió el referente de ATE.
La Secretaria de Género y Diversidad Clarisa Gambera, por su parte, dijo que existe «una situación de discriminación por parte del Gobierno Nacional, donde ya percibimos que el foco está puesto en las áreas vinculadas a género, diversidad y derechos humanos«.
«Creemos que hay una mirada de ajuste selectivo en este sentido y sobre ideologizado, que lo que expresa es una perspectiva discriminatoria por parte de este Gobierno”, advirtió Gambera.