En medio del conflicto con los gremios aeronáuticos, el Gobierno decidió desvincular este jueves a 15 empleados de Intercargo –la empresa estatal que presta servicios de rampa y valijas- a raíz de la sorpresiva medida de fuerza en el Aeroparque Jorge Newbery que afectó a varios vuelos y pasajeros este miércoles. Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X. La huelga causó que parte de los pasajeros no pudieran abordar y también que aquellos que ya se encontraban arriba de los aviones no pudieran descender.
“Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que ayer tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo”, indicó el funcionario de Javier Milei en sus redes sociales. Y sumó: “En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión”.
En ese sentido, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, también apuntó contra la medida de fuerza dispuesta ayer por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). “El derecho a huelga no puede ser la excusa para torturar gente. Los salvajes de APA ayer mantuvieron encerrados por más de 3hs en los aviones a más de 1500 pasajeros para exigir la reincorporación de un empleado de Intercargo que fue despedido por ocasionar demoras el sábado pasado”, denunció el funcionario.
“No solo no vamos a reincorporar a ese irresponsable, sino que hoy identificamos a 15 de los que provocaron la tortura que vivieron ayer los pasajeros y ya están despedidos. Se acabó la Argentina donde era gratis joder a la gente”, sentenció luego Mogetta.
Este miércoles, los pasajeros fueron sorprendidos por una medida de fuerza sin aviso de Intercargo, la empresa cuyo gremio lidera Edgardo Llano. Las operaciones de Aeroparque se vieron afectadas por la ausencia de despacho y retiro de equipaje y el descenso de los aviones de todas las compañías que operaban en el lugar, salvo Aerolíneas Argentinas.
Flybondi informó que producto de la “sorpresiva asamblea gremial de los trabajadores de la empresa Intercargo en Aeroparque”, la compañía tuvo que cancelar ocho vuelos -lo cual afectó a más de 1340 pasajeros- y demorar otros cuatro vuelos en los que se preveía que iban a viajar 649 pasajeros. A raíz de esto, la lowcost ayer trasladó el resto de sus operaciones al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
En el caso de JetSmart, debieron cancelar 18 vuelos -14 domésticos y cuatro internacionales- y reprogramar 16 vuelos, con un total cercano a 6000 pasajeros afectados hasta las 18 de ayer. Por otro lado, Latam registró varias demoras.
El gremio decidió ir a huelga por el despido de un empleado de la empresa estatal que -aseguró el Gobierno- “abandonó su puesto de trabajo, causando demoras en el retiro de equipaje de cientos de pasajeros y dificultando la actividad aeroportuaria”.
Durante la medida -que duró alrededor de tres horas- la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había aseverado que hubo más de diez aviones con 1500 personas “secuestradas” que estaban siendo asistidas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para bajar de los aviones.
Más tarde, la ministra presentó una denuncia penal contra miembros de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y de Intercargo por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo, y se realizó ante el juzgado de Julián Ercolini. En la denuncia destacaron que la medida afectó a un total de diez vuelos de los cuales seis, con 900 personas a bordo, se encontraban en las pistas de Aeroparque. También impactó en Ezeiza: se afectaron vuelos con 1300 personas a bordo.
De momento, según pudo saber LA NACION, desde Aerolíneas Argentinas y de los gremios aeronáuticos no hay una reacción de momento. Este medio pudo confirmar además que se reforzó la seguridad en los aeropuertos y que está desplegada la Guardia de Infantería Aeroportuaria.
Por otro lado, Bullrich volvió a arremeter contra el gremialismo aeronáutico este jueves y advirtió sobre medidas “más drásticas” contra Intercargo y Aerolíneas Argentinas. Dijo que esta es la primera vez que pasa una situación de estas características y que fue el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien la llamó para contarle y pedirle que en conjunto solucionaran de alguna forma el tema. “Vivimos una situación inédita, nunca vista, tanto es así que tuvimos 18 personas que tuvieron que ir a la unidad médica, a las ambulancias -las que teníamos y que tuvimos que conseguir de urgencia-; personas con temblor, sofocamiento, convulsiones; una persona con hipertensión; una embarazada de 22 semanas con una situación de nervios muy grande; personas con leucemia que entraron en crisis nerviosa”, describió la ministra en LN+.
“Fue una situación muy dura y la PSA hizo un trabajo excepcional, bajando a más de 1500 personas. Cuando 500 todavía seguían en los aviones, ahí se dio cuenta el personal de Intercargo que esto no le iba a salir gratis y empezó a movilizar las rampas. Llegó la Prefectura a Aeroparque y la Gendarmería a Ezeiza a dar apoyo a la situación, para que no destruyan o intenten entrar a la pista los trabajadores. Por supuesto, no podíamos hacer subir a los pasajeros, pero sí bajarlos. Por primera vez nos pusimos enfrente y logramos demostrar que no nos van a pasar por arriba, vamos a liberar a la gente de esta tortura permanente a la que es sometida en aeropuertos, haciendo asambleas repentinas y arruinándoles la vida a miles y miles de personas”, dijo la ministra, quien prometió terminar con los “piquetes aéreos”.
En tanto, el Gobierno dio un ultimátum a los gremios que operan dentro de Aerolíneas Argentinas, sobre todo a la APA, APLA y la Asociación Argentinas de Aeronavegantes. Tal como publicó LA NACION, desde la Casa Rosada tomaron la decisión de instar a los sindicatos a presentar una propuesta que contemple la operatividad sin conflictos de la empresa estatal. En caso contrario, avanzará con un plan preventivo de crisis. En principio, la reunión entre las partes será este viernes a las 14.
El proceso preventivo de crisis, de avanzar, disminuye las chances de los gremios de tomar acciones concretas y acota el despliegue de los jefes sindicales. En definitiva, puede derivar en un cierre de la empresa, aunque justamente por esa misma razón puede jugar a favor del Gobierno para limar las posibilidades de los que se sientan a la mesa a negociar, en este caso, las paritarias.
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