Un grupo de diputados del PRO, encabezados por Silvana Giudici, presentó este miércoles un proyecto de resolución para solicitar la remoción de la directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, por «incumplimiento de los deberes de funcionario público». El pedido se dio luego de que la titular del organismo brindara explicaciones acerca del decreto que restringe la posibilidad de reclamar información y la transparencia activa de los funcionarios, las cuales fueron consideradas como «insuficientes».
A través del escrito, se solicitó al Poder Ejecutivo que inicie el «procedimiento de remoción previsto por el artículo 27 de la Ley 27.275, de Acceso a la Información Pública» al entender que Anchorena, designada en su cargo en 2022 por el entonces presidente Alberto Fernández, incurrió en el incumplimiento de sus deberes como funcionaria, según se desprende de su exposición ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja el 8 de octubre de 2024.
Diputada del PRO sumó críticas al decreto de Milei que reglamentó la Ley de Acceso a la Información Pública
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«Se requiere se dé inmediata intervención a la comisión bicameral del Honorable Congreso de la Nación, a fin que emita un dictamen vinculante resolviendo la remoción y apartamiento de la actual Directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública», añade el documento que lleva la firma del presidente del bloque PRO en la Cámara Baja, Cristián Ritondo, y los legisladores Silvana Giudici, Silvia Lospennato, Florencia De Sensi, María Eugenia Vidal, Nancy Ballejos, Vaerónica Razzini, José Núñez, Martín Yeza, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro, Sergio Capozzi y Ana Clara Romero.
Giudici, una de las principales críticas de Anchorena, había expresado que no podía «desconocer su responsabilidad en la elaboración de esa norma«, según había dicho la funcionaria sobre el Decreto 780 se encuentra en la Resolución 80/24. Frente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, la titular de la agencia se desentendió de la medida y responsabilizó a los integrantes del gabinete del presidente Javier Milei por impulsarlo.
En su artículo 3, el decreto que causó polémica implicaría una «limitación al principio de máxima divulgación al excluir de lo que se considera por ley información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados” y, a ”las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público», acorde al documento.
Asimismo, el Decreto en su Artículo 1° «traslada el principio de buena fe al que están obligados los funcionarios, a los peticionantes excediendo lo previsto en la ley de Acceso a la Información». En ese sentido, los diputados del partido fundado por Mauricio Macri señalaron que la Agencia de Acceso a la Información Pública intervino en el expediente que fue derivado al Ejecutivo pero lo hizo sin remitir dictamen ni opinión sobre una temática que se encuentra dentro de sus competencias.
Tras la publicación de la resolución, se citó a Anchorena al Congreso para explicar los alcances de la norma. Allí, admitió no haber intervenido en el expediente y haberlo elevado a Secretaría General de la Presidencia –a cargo de Karina Milei– sin un dictamen, porque el mismo «tenía que salir rápido«.
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«Materialmente y objetivamente la agencia no redactó ni impulsó la medida y no avaló el decreto 780 y esto se puede ver claramente en el expediente, es decir, no tuvimos una intervención formal con un dictamen técnico ni jurídico, así como tampoco participamos de reuniones ni de mesas de trabajo, a ver si me pasan la próxima entonces yo voy a hacer observaciones respecto al proceso y a la cuestión de fondo», fue la respuesta de la funcionaria en la sesión de octubre pasado.
«En consecuencia, el hecho que la directora de la AAIP haya devuelto el expediente sin haber intervenido en el marco de sus competencias legales, configura sin lugar a dudas un grave incumplimiento de los deberes a su cargo», concluye el proyecto de resolución presentado por el PRO.
El proyecto presentado por el PRO para remover a Anchorena
FP / Gi