En un esfuerzo por aliviar la carga económica que enfrentan los inquilinos de Nueva York, el Consejo de la Ciudad ha aprobado una nueva ley destinada a reformar las tarifas de los corredores inmobiliarios. Esta medida pretende reducir los costos iniciales de arrendar una vivienda en uno de los mercados inmobiliarios más costosos del país. La decisión forma parte de una serie de legislaciones aprobadas recientemente, que buscan enfrentar la crisis de asequibilidad que afecta a miles de residentes. Sin embargo, aún no entraría en vigor, porque falta el último paso.
Según lo informado por la entidad en un comunicado oficial, el centro de la nueva regulación, conocida como FARE Act (Fair Access for Renters Equity Act, por su denominación en inglés), prohíbe que los corredores inmobiliarios traspasen sus tarifas a los inquilinos cuando representan exclusivamente al propietario.
Hasta ahora, los costos de corretaje, que podían variar desde el equivalente a un mes de renta hasta el 15 por ciento del valor anual del alquiler, recaían en los arrendatarios, sumándose a una larga lista de gastos iniciales como depósitos de seguridad, pago del primer mes, entre otros. De acuerdo con datos oficiales del Consejo, los costos iniciales para mudarse a un nuevo apartamento en Nueva York han alcanzado un promedio de casi 13.000 dólares este año, el más alto registrado desde 2010.
El proyecto de ley es liderado por Chi Ossé, quien afirmó que el sistema “es una afrenta para todos los neoyorquinos” y que estas tarifas limitaban las oportunidades de muchas familias para encontrar vivienda en la ciudad. Según el representante del Partido Demócrata, este cambio beneficiará especialmente a aquellos residentes de clase trabajadora y media, quienes suelen destinar una gran parte de sus ingresos al pago de alquiler, dejándoles poco margen para los gastos adicionales que impone el proceso de mudanza.
La aprobación por parte de la ciudad ocurre en un momento crítico para el mercado de vivienda de Nueva York, donde más de la mitad de los hogares son considerados como “sobrecargados de alquiler”, es decir, dedican más del 30% de sus ingresos a pagar el mismo. Con el aumento constante de los precios de renta y los elevados costos de vida, la demanda de viviendas asequibles sigue en aumento, mientras que la oferta es limitada.
Frente a esto, la normativa también exige a los propietarios que divulguen de manera clara todas las tarifas y costos que los inquilinos deberán pagar, tanto en los anuncios de los inmuebles como en los acuerdos de arrendamiento, con el fin de mejorar la transparencia del proceso. La implementación y el cumplimiento de esta regla estarán a cargo del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, que deberá educar a los ciudadanos sobre los nuevos derechos.
Los defensores de los inquilinos han recibido esta legislación como un avance significativo en la lucha por viviendas más asequibles en La Gran Manzana. “El Consejo se enorgullece de aprobar este proyecto de ley histórico para proteger a los inquilinos de nuestra ciudad. Esto asegura que los arrendatarios no tengan que pagar por servicios que no solicitaron”, señaló la portavoz del ayuntamiento, Adrienne Adams.
Si bien el alcalde Eric Adams se mostró escéptico un día antes de la aprobación de los funcionarios, esta ley FARE recibió 42 de 51 votos, lo que representa una mayoría a prueba de veto. Por lo tanto, quien contrate al corredor tendrá que pagar, lo que en la mayoría de los casos recae en el propietario.
Adams tiene 30 días para firmar la iniciativa. No obstante, en caso de que no lo haga, indica CBS News, todavía se convierte en ley. Entraría en vigor 180 días después de ese momento.