Sandra Ortiz, ex alta consejera presidencial para las Regiones, y que está en el ojo del huracán por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), rechazó el martes 19 de noviembre las imputaciones que se le harán por parte de la Fiscalía General de la Nación, en relación con este megacaso; y tras haber sido involucrada por Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, ex subdirector del manejo de riesgo.
A través de su perfil de X, se despachó en contra del órgano judicial y calificó su citación como “inflada”, en lo que sería en su juicio un intento de coacción. “Es inaceptable que se me catalogue como ‘el eslabón más débil’”, expresó Ortiz, del ala del partido Alianza Verde y cercana al expresidente del Senado, Iván Name Vásquez, que señaló cómo la investigación carece de pruebas reales y se basa en declaraciones de “cinco versiones distintas de dos delincuentes confesos”.
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En su caso, es válido precisar que la audiencia de imputación está programada para el viernes 29 de noviembre, y para cumplir con la diligencia judicial, la exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro pidió que se lleve a cabo de manera presencial, pues está convencida de que solo así podrá garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y la transparencia del procedimiento judicial, con el que empezará formalmente el proceso en su contra.
La mujer, nacida en Paz de Río (Boyacá), será endilgada de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. “Confío en la justicia, en la verdad y en el debido proceso. Hasta ahora, he guardado silencio por respeto a las investigaciones, pero esta situación ha llegado al límite de lo absurdo”, expresó sobre el particular la ex alta consejera presidencial, que estaría hastiada ante lo que considera un espectáculo mediático.
El caso que incrimina a Ortiz forma parte de un amplio escándalo de corrupción en la Ungrd, organismo encargado de prevenir y atender emergencias por desastres naturales en Colombia. El escándalo, que quedó al descubierto en febrero de 2024 por los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira, tiene como una de las protagonistas a Ortiz, acusada de ser la “mensajera” de Name Vásquez, que habría recibido una coima de $3.000 millones.
“Ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega. Ella era la mensajera”, expresó Pinilla en diálogo con Semana. Para tal fin, la exfuncionaria habría alquilado una habitación en el Hotel Tequendama para coordinar la entrega de la multimillonaria cifra, en un recorrido que, al parecer, la llevó hasta el apartamento de Name.
A su vez, además de Ortiz, entre los altos funcionarios del Gobierno se encuentra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que junto al exdirector de la Ungrd, Olmedo López, supuestamente facilitó la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos en tres municipios del país: Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), en favor de un grupo de congresistas; a cambio de apoyar, presuntamente, las iniciativas de Petro en el Congreso.
En efecto, en este entramado de corrupción, según la investigación, también se apunta a cinco congresistas y un exrepresentante que habrían recibido beneficios a cambio de apoyar la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno. Por su parte, tanto Name, como el expresidente de la Cámara Andrés Calle Aguas, están bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia colombiana por los presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.