Una asociación que maneja fondos ligada al último leprosario en pie del país (formalmente, Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”) fue apuntalada por el nuevo director de ese centro de salud, quien -en la ampliación de una denuncia judicial del Ministerio de Salud a la que pudo acceder Clarín– objetó manejos irregulares, incluyendo cobros de comisiones a los pacientes que reciben una remuneración por los trabajos de laborterapia que realizan y la creación de una suerte de entidad financiera no registrada que les daría préstamos a esas personas.
Se trata de un escrito de 11 páginas, caratulado “N.N. s/ daños dte. ‘Hospital Nacional Sommer», centrado en la declaración testimonial de Santiago Cerneaz, neurocirujano que desde mayo ejerce el rol de director del leprosario nacional, un inmenso predio ubicado en General Rodríguez, a 25 kilómetros de Luján, provincia de Buenos Aires, donde viven solos o con sus familias unos 200 pacientes.
Allí el médico denuncia numerosas dificultades desde su asunción cada vez que intentó intervenir en el manejo de dinero que viene ejerciendo la llamada “Asociación de Internados», en una suerte de proclamación de “usos y costumbres”, critica en su testimonio.
La denuncia fue anunciada en la conferencia de prensa de este jueves del vocero presidencial Manuel Adorni, quien afirmó que «se detectaron y eliminaron severas irregularidades» y que «había 192 viviendas y una asociación que administraba estas cuestiones y empezó a alquilárselas a los pacientes y luego las vendían sin papeles y fuera de la legalidad porque son propiedad del estado nacional».
Como informó Clarín en un informe especial publicado en 2023, se trata de una organización que cobró cierta notoriedad en los años 90, a raíz de su lucha contra la privatización del leprosario que impulsaba el gobierno de Carlos Menem. En cuanto a las denuncias difundidas este jueves por la cartera de Salud que conduce Mario Lugones, al cierre de estas líneas no se había podido establecer contacto con los miembros de la entidad.
Por lo pronto, Cerneaz la describe como una organización que por distintas vías habría adoptado un rol fuera de su competencia, según la normativa que en 2012 creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Según detalla, la asociación regularía, 1) el uso discrecional de las viviendas ubicadas en las 50 hectáreas urbanizadas del predio; 2) las percepciones destinadas a alimentos para los pacientes internados (que en realidad gestiona una cooperativa creada para ese fin, a la que también denuncia); y 3) dinero destinado a los pacientes por las actividades de laborterapia que realizan; pagos habilitados por una normativa antigua del lugar, y que formalmente se llaman “peculios”.
La cuestión de los alimentos y los pagos por laborterapia son dos ítems especialmente subrayados en la testimonial del director, ya que la asociación denunciada se quedaría con una parte de esos montos, a modo de comisión.
Además la entidad no se privaría de otorgar pagos (peculios) y, en consecuencia, cobrar comisiones a pacientes “extra muros”, asegura el director, en alusión a muchas personas que ya no tienen activo el virus que provoca la enfermedad de Hansen (más conocida como lepra) sino secuelas de la enfermedad, y entonces hacen uso de su derecho a vivir donde les plazca. Esto es, adentro del predio (la ley los protege, en ese sentido) o fuera de él, posibilidad que existe desde 1983, cuando la derogación de la vieja Ley Aberastury (de 1926) los liberó de la internación compulsiva.