El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, sostendrá un encuentro el próximo martes con los fiscales de instrucción y de juicio del fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la primera reunión de coordinación que busca despejar dudas y avanzar en la preparación de la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de retiro prevista para el próximo 11 de agosto.
Tras el fracaso de completar la integración de la Corte Suprema, el actual gobierno nacional puso el ojo en la expansión del nuevo código procesal penal, siendo Rosario la primera jurisdicción en hacerlo desde mayo del año pasado para facilitar la lucha contra el narcotráfico, la trata y la corrupción. Si bien ya estaba implementado en Salta y Jujuy, la gestión de Javier Milei siguió con la implementación de la normativa en Mendoza, la Patagonia y a comienzo de la semana pasada en Mar del Plata fue puesto en marcha por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Ese mismo lunes, prácticamente todos los fiscales de primera instancia de Comodoro Py participaron de una reunión en uno de los despachos del quinto piso. ¿La razón?, quieren saber en qué lugar están parados. Los acusadores tienen claro que lo primordial es tener conocimiento de los recursos con los que contarán y, por el otro, cómo será toda la organización.
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Según supo PERFIL de fuentes judiciales, para la materialización del sistema acusatorio en el fuero penal federal de la Ciudad sería necesario que haya al menos dos o tres fiscales por cada juzgado. Teniendo en cuenta ese cálculo, la cantidad de funcionarios pasaría de 12 a 36.
A lo anterior se suma la conformación del equipo para cada fiscalía de lo que en principio y por más que la norma lo prevenga, surja la necesidad de traspasar personal de los juzgados. Esto razonablemente puede generar una resistencia, habida cuenta de que los empleados de los juzgados aún tienen que trabajar en la resolución de causas que se comenzaron a sustanciar con el tradicional sistema inquisitivo.
Para la reunión a realizarse en la sede de la Procuración fueron convocados los fiscales instructores Carlos Rívolo, Ramiro González, Alejandra Mángano, Paloma Ochoa, Carlos Stornelli, Guillermo Marijuán, Gerardo Pollicita, Franco Picardi, Eduardo Taiano y el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones, José Luis Agüero Iturbe. En tanto, los fiscales de juicio, Abel Córdoba, Diego Luciani, Patricio García Elorrio, Gabriela Baigún, Miguel Osorio, Fabiana León, Diego Velasco y Marcelo Colombo se encontrarán con Casal el 23 de abril.
El espacio físico también es tema de preocupación, en Comodoro Py funcionan otros juzgados y tribunales que son de otros fueros los cuales no se descarta que tengan que ser reubicados para que pueda converger todo el personal que se tenga que sumar al sistema acusatorio o directamente anexar un lugar en o próximo al edificio judicial de Retiro.
La cuestión edilicia fue el tema central abordado este martes a media mañana durante la visita del Presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, con el pleno de los miembros de la Cámara Federal de Casación donde le manifestaron la situación actual del edificio judicial del barrio de Retiro, de cara a lo que será la llegada del nuevo código procesal penal al fuero federal de la Ciudad.
Teniendo en cuenta que el sistema acusatorio les otorga un rol preponderante a los fiscales para avanzar con los casos, se necesitará de un equipo para ejecutar las investigaciones, es decir, una suerte de policía judicial propia con peritos y especialistas que no provenga de la Corte, sino directamente del Ministerio Público.
Asimismo, el cambio en las fuerzas federales en términos de preparación tendrá que ser rotundo, ya que en todos los procedimientos que intervengan en primera instancia deberán ser reflejados de la misma manera y sin inconveniente ni escollos en la instancia de juicio.
Sin embargo, de lo que no hay dudas que se mencione en la reunión del 22, y que quizás se convierta en la prioridad del procurador Eduardo Casal a cuatro meses del arranque, es quién será el fiscal de Distrito de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, su “Lionel Scaloni” en Comodoro Py. Una de las cuestiones planteadas por los fiscales en el encuentro de la semana pasada es si ese rol debe recaer en más de un funcionario. Para ello Casal analiza las estadísticas de sus nueve agentes de primera instancia.
Si de algo están convencidos los fiscales de instrucción es de que absolutamente todos avalan que el sistema acusatorio tiene que empezar y que se va a ir perfeccionando. Tienen claro que no van a poder comenzar ni con la policía judicial ni con un nuevo edificio para el Ministerio Público, pero desean que se garanticen las herramientas para poder desarrollar la actividad de una manera conforme a la responsabilidad que requiere dicho sistema.
Para los llamados jueces y fiscales “tiempistas”, el nuevo código procesal penal los obligará a trabajar con mayor celeridad: no solo garantiza la agilidad en los procesos orales en las audiencias, sino que penaliza el incumplimiento de los plazos del desarrollo de la investigación, el cual se establecerá de acuerdo con el grado de complejidad. En términos llanos, el expediente electrónico hace que el papel “se les queme” en las manos.
Otro tema que enfrenta Comodoro Py de cara al desembarco del acusatorio son las vacantes existentes. Actualmente, un tercio de las fiscalías del edificio de retiro son subrogadas y la designación de sus integraciones definitivas son responsabilidad de Eduardo Casal, así como de la fiscal general ante la Cámara Federal Porteña.
El tema de las vacantes pero en juzgados y tribunales fue otro asunto que desde Casación le señalaron con mucha contundencia a Mariano Cuneo Libarona quien la semana pasada estuvo en el primer piso de Comodoro Py para ratificar la entrada en vigencia del nuevo código procesal penal. Actualmente en el edificio de retiro hay 4 juzgados que no tienen titulares y de los 8 tribunales orales solamente 4 tienen su integración completa. Además de jueces, Casación le hizo saber a Cúneo Libarona que también hacen falta cárceles.